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Un fallo que da que hablar sobre honorarios

Aseguradoras rechazaron el fallo que reguló los fees de los abogados del Estado y de la Asociación de Bomberos por $ 150 millones.

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) dio a conocer recientemente su rechazo al fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 de la Capital Federal, Esteban Furnari, que reguló en casi $ 150 millones los honorarios de los abogados del Estado y de la Asociación de Bomberos y del perito Contador, en una demanda iniciada por la entidad aseguradora. "Reclamos semejantes de otras dos cámaras del seguro tuvieron regulaciones de honorarios de $ 20.000 y $ 40.000, respectivamente", sostuvieron desde la asociación.

El reclamo de la AACS y de las empresas que la acompañaron se planteó contra el Estado con el objeto de que se declare la invalidez e inconstitucionalidad de la tasa bomberil, un impuesto de 3.4 por mil que se aplica a todas las pólizas que se comercializan en la, excepto seguros de vida. El punto en disputa es la constitucionalidad de la tasa.

Proceso. El Estado contestó la demanda y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina se presentó invocando el artículo 90 Inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial. Ese consejo solicitó entre las pruebas una pericia contable para determinar el importe del impuesto entre los años 2004 y 2013. Esa prueba es inconducente a los efectos de la solución de la Litis: la AACS se opuso y formuló desinterés. El Consejo de Bomberos insistió, el juez le dio la razón y admitió la producción de la pericia, que da un monto de impuesto liquidado en esos años de $ 345.643.949. Los abogados del Consejo practicaron la liquidación de la base regulatoria y el juez Furnari reguló los honorarios sobre esa base regulatoria o más.

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Sentencia. En una resolución, reguló los honorarios de todos los abogados del Consejo y del Estado nacional, los que sumados ascienden a $ 128.234.050, y al Perito contador se le reguló $ 17.282.200, lo que da la cantidad total de $ 145.516.250. "La AACS considera que esta decisión es arbitraria y constituye un absoluto despropósito y una muestra palmaria de inseguridad jurídica, y advierte que continuará apelando a todas las herramientas legales -incluso hasta llegar a las máximas instancias judiciales argentinas- para que sea revocada. De hecho el reclamo se encuentra ya en la segunda instancia en la Cámara Contencioso Administrativo en la Sala IV que deberá expedirse en breve al respecto", concluye.