Qué desvelos energéticos promueve el nuevo tipo de cambio

El nuevo dólar amenaza el bolsillo de los consumidores energéticos, refuerza los desafíos políticos del Gobierno que debe defender el sistema de precios y ciñe la soga al cuello de las endeudadas distribuidoras del interior, muchas a punto del colapso. Ni siquiera las mimadas productoras de gas y petróleo, a priori aventajadas con la devaluación, se salvan de cierta angustia. El buen vino o champagne que gustan disfrutar quedará un tiempo más en cava.

Todavía no parece tiempo de descorche. Por un mix de razones técnicas y políticas los precios de los hidrocarburos están dolarizados y la drástica devaluación implica para las petroleras más ingresos nominales en pesos y, al mismo tiempo, la licuación de gran parte de sus costos. Pero su ánimo hoy está más influido por la inseguridad respecto a qué podrá hacer en este contexto el Gobierno, cuya credibilidad declina.

La estampida del dólar sembró dudas sobre la pericia del macrismo para controlar la corrida y, más aún, sobre las posibilidades concretas de honrar sus dolarizadas promesas de pago con el sector.

Las productoras de gas no convencional ya empezaron a cobrar el subsidio prometido en dos resoluciones. Se calcula a partir de enero y está contemplado en el presupuesto nacional con un monto de u$s 500 millones este año, de los cuales u$s 80 millones ya se devengaron en el primer trimestre. Pero unos pocos días de retraso pusieron los nervios de punta a algunos sensibles ejecutivos del reducido grupo de beneficiarias. Ni siquiera el dato de que Energía está ampliando el listado de proyectos beneficiados en estos días fue un bálsamo eficaz para los propensos a la queja.

También cortan clavos las acreedoras del antiguo Plan Gas a las que el gobierno les prometió pagar en treinta cuotas mensuales consecutivas u$s 1583 millones del subsidio correspondiente al año pasado. Aunque en el último foro de Davos, Mauricio Macri y Juan José Aranguren se reunieron con altos ejecutivos de trasnacionales del sector que operan acá para ratificar las obligaciones. "¿A qué tipo de cambio nos liquidarán cada vez?... ¿Con qué puntualidad?", se inquietaba días atrás un ejecutivo cada vez más escéptico respecto de la palabra oficial.

La perturbación alcanzó a los propios contratos privados, como el que esas proveedoras firmaron con las distribuidoras de gas también a valor dólar. Un tipo de cambio inquieto altera indefectiblemente todas las ecuaciones y desata pujas furiosas por quedarse con una porción mayor de la renta, que puede subir repentinamente por cuestiones cambiarias, sin necesidad de invertir un billete. Más cuando los precios se fijan con parámetros divorciados de los costos de producción.

Las espaldas fuertes del sector petrolero permitieron que Energía involucrara a las productoras, firmas integradas y refinadoras en un acuerdo para congelar por dos meses el precio de los combustibles. Dique provisorio que difícilmente pueda sostenerse más allá. Dólar más caro significa naftas, gas por redes y precio de luz más altos.

El grueso de la energía eléctrica local proviene de usinas térmicas que se alimentan con carburantes dolarizados. Sea porque se importa, como el GLP, gasoil o fuel oil, o porque el que se produce localmente tiene su valor puesto en dólares (poco más de cuatro dólares el MBTU promedio). El precio mayorista de la electricidad esté condenado a subir con su impacto en el resto de la cadena, cuyo último eslabón es Don José.

Las estrecheces fiscales del Gobierno le hacen muy difícil absorber esa suba con más subsidios. Pero las distribuidoras, que deben pagar con su propia recaudación ese insumo más caro, no están muy dispuestas a hacerlo. Las privadas, del área del área metropolitana, están disfrutando buenos balances por primera vez en años y van a pelear su margen con el cuchillo entre los dientes. Y las del interior, en su mayoría estatales, no pueden aunque quieran.

A mediados de mayo, el conjunto de firmas eléctricas del interior del país acumula una deuda por el no pago de la electricidad que distribuyen superior a los $ 15.000 millones. Un par de cooperativas chubutenses ya tiene esa obligación judicializada y el Gobierno analiza hoy si mandar a tribunales a otras dos distribuidoras provinciales en similar situación, una gobernada por un amigo de la Casa Rosada.

Los contratos de provisión de energía renovable también están contraídos en moneda dura y mientras no sean trasferidos a privados serán responsabilidad de las arcas públicas a través de Cammesa (la administradora del estado mayorista eléctrico). Mientras la inflación no le gane a la devaluación cada dólar invertido rinde más. Pero la certeza de que el fisco pueda afrontar sus compromisos se degrada.

En un intrincado sistema de precios que el Estado sostiene con su aporte, el anzuelo para los inversores puede transformarse en una trampa para todos. Más que la humedad de este otoño inestable, lo que mata es la incertidumbre.

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