DIPUTADOS VOTABA ANOCHE LA INICIATIVA RECHAZADA POR CAMBIEMOS

La oposición avanzó con el cerco a la suba de tarifas, que sería ley en 20 días

Obtuvo media sanción con 133 votos a favor y 98 en contra. El proyecto acordado por todos los bloques opositores recibió numerosos cambios de último minuto. Según el bloque Justicialista, el costo fiscal anual sería de $ 26.250 millones

El arco opositor se preparaba para aprobar anoche, en su tercer intento, el proyecto que propone aplacar los aumentos en las tarifas de servicios públicos y atarlos a la variación salarial hasta fines de 2019. La iniciativa obtuvo media sanción con 133 votos del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), bloque Justicialista (BJ), el Frente Renovador (FR), el Movimiento Evita, Libres del Sur, el socialismo y bloques provinciales; contra 98 votos en contra y tres abstenciones. Según anunció el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, sería convertida en ley en 20 días.

El texto, consensuado y trabajado entre los diputados Marco Lavagna (FR), Diego Bossio (BJ) y Axel Kicillof (PJ-FpV), sufrió cambios de último momento. Propone retrotraer la situación tarifaria a noviembre de 2017, declarar la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2019, y permitir un solo aumento anual, atado al coeficiente de variación salarial en el caso de los usuarios residenciales y los usuarios de garrafas de gas, y al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para las Pymes y cooperativas.

Las disposiciones alcanzarán a los servicios de energía eléctrica, gas y agua. Originalmente incluidos, el transporte de ómnibus y los peajes fueron eliminados de la propuesta. Además, también quedaron afuera los usuarios de mayor consumo. Y fue eliminado el descuento que preveía la propuesta original del 50% en el IVA de las facturas, un punto muy cuestionado por su impacto fiscal.

En cambio, para los usuarios de la tarifa social se incorporó la propuesta de duplicarles los beneficios existentes al 1 de mayo de 2018.

Además, los opositores incluyeron un último artículo para intentar evitar el efecto contagio de la regulación tarifaria en las legislaturas provinciales. "La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las Provincias, los Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto de los servicios públicos de su competencia y titularidad", señala el punto 17.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en su primera intervención desde su puesta en funcionamiento en febrero, el costo fiscal anual del proyecto escala hasta los $ 79.664 millones. Sin embargo, ese cálculo fue realizado sobre el dictamen original, sin los varios cambios que introdujo la oposición. Para el bloque Justicialista, el costo fiscal anual sería de $ 26.250 millones, si finalmente el presidente Mauricio Macri decidiese no vetar la ley, como anunció.

Durante la larga discusión, que llevó más de once horas, el oficialismo hizo hincapié en la situación energética y tarifaria que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para cuestionar el proyecto. "No van a ser los que nos trajeron hasta acá los que nos saquen de este lugar", sostuvo Silvia Lospennato (PRO). Para Karina Banfi (UCR), el proyecto implica un "retroceso al federalismo" porque "hace que la energía fuera del área metropolitana sea un 70% más cara que dentro de ella". Y Juan Manuel López (Coalición Cívica) advirtió que "el Congreso no tiene potestad para legislar esto".

Por el Frente Renovador, respondió Graciela Camaño: "Queremos que quienes hoy votan, lo hagan sabiendo que atrás de todo este proceso de incremento de tarifas hay un tremendo negociado. Que nadie venga a decirnos que somos demagogos", reclamó.

"Demagogia es ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazos y después hacerlos, eso es demagogia electoral", complementó Máximo Kirchner.

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