SEGÚN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO

En un año, aumentaron un 50% las escuchas judiciales que ordena la Corte

Además, durante 2017, la oficina a cargo de los procesos intervino a 1914 abonados mientras que en 2016 habían sido 898. La enorme mayoría es por causas de narcotráfico

Las intervenciones telefónicas a cargo de la Corte Suprema aumentaron un 50% el año pasado. Así se desprende de dos informes anuales de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo autónomo que el máximo tribunal de Ricardo Lorenzetti creó en febrero del 2016, luego de que el presidente Mauricio Macri les transfiera el sistema de escuchas.

La Dirección, a cargo de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pasaron de realizar un total de 66.680 de "procesos de trabajo" en 2016, pedidos por oficios judiciales, a 100.664. De éstas últimas, detalla el informe estadístico al que accedió este diario, un 46% son "altas de intervención" (un juez o fiscal que pide "pinchar" una línea); otro 17,7% a "prórrogas de intervenciones"; y un 4,1% de "solicitudes de bajas". El restante 32,2% fueron pedidos de "datos registrales"; es decir, información asociada como el entrecruzamiento telefónico.

"Las variables del aumento son más de una, pero fundamentalmente hubo un incremento de la confianza en el sistema por parte de jueces y fiscales. Además de resultados positivos en las causas", explicaron desde la oficina.

El año pasado, la Dirección recibió 38.199 oficios (la gran mayoría de jueces y el resto de fiscales) para grabar conversaciones que salgan de uno o más teléfonos. Por la feria judicial, la estadística es estacional: por caso, en enero hubo 1871 requerimientos mientras que en diciembre, 3358. Los pedidos se tradujeron en los más de 100 procedimientos relevados.

Por lejos, el delito por el que la Justicia más requiere los servicios de esta Dirección es el del narcotráfico. Por la infracción a la Ley de Estupefacientes se libraron 14.092 oficios. En segundo lugar (con 11.089), figura un genérico "sin determinar". Lo siguen robos (2.688) y secuestros (1.946). Para estos casos hay una Subdirección de Escuchas Directas (Sued) que no sólo graba las conversaciones sino que las analiza a tiempo real. En casos urgentes, en promedio desde que llega el requerimiento judicial, tardan 31 minutos en "pinchar" una línea.

Y al fondo de la tabla, apenas encima de cohecho y tráfico de influencias, aparece el "encubrimiento" con 71. Bajo esta figura fue que el juez Ariel Lijo ordenó la medida de la que surgieron las conversaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex AFI Oscar Parrilli, al ser procesado por supuestamente proteger al prófugo Ibar Pérez Corradi, autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez. Por su difusión, la Corte le reclamó por escrito al actual titular de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas.

Sucede que los CDs donde quedan registradas las llamadas sólo pueden ser escuchadas por las autoridades judiciales que las pidieron o efectivos policiales que trabajen en las causas en los "locutorios", como llaman a unos box con medidas de seguridad biométricas para evitar que los audios salgan del edificio.

También aumentaron los "abonados" intervenidos. Mientras que en 2016 se registraron 898 líneas telefónicas, en 2017 fueron 1.914, que implicaron 306.606 comunicaciones por un total de 8.580 horas. Desagregado por empresas, la mayoría de las "pinchaduras" (717) fueron a celulares de Movistar; otras 536 a Claro; unas 440 a Personal; 110 a Nextel; y muchas menos a teléfonos fijos: 82 a Telefónica y 29 a Telecom.

 

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