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Jueves 4.1.2018
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Firmas ajustan políticas de transparencia ante el arranque de la ley Penal Empresaria

El objetivo es generar incentivos para que las empresas prevengan la comisión de delitos contra el Estado. Hay multas de 2 a 5 veces el beneficio indebido u obtenido, entre otras

Las firmas son responsables de delitos de las personas si se beneficiaron

Las firmas son responsables de delitos de las personas si se beneficiaron

El 1° de marzo entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (27.041), que pone el foco en las compañías como responsables de los actos de corrupción cometido por individuos de los que se hayan beneficiado. Las firmas están comenzando a capacitarse, incluir programas de integridad, entre otras medidas que implican una modificación sustancial estructural en una empresa. Entre las sanciones previstas, hay multas que van de dos a cinco veces del beneficio indebido u obtenido, la suspensión total o parcial de actividades, la imposibilidad de participar en concursos y licitaciones públicas, y hasta la cancelación de la personería jurídica.

Cecilia de Maio, Senior Director Investigations and Disputes de KROLL, explicó a El Cronista que "el objetivo principal de la ley es dotar de mayor eficiencia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública.

El escenario cambió en este sentido. La especialista explica que "hasta ahora las leyes penales aplicaban a personas físicas salvo alguna pequeña excepción y los temas de corrupción requerían un enfoque diferente para acotar las posibilidades de su comisión amparados en personas físicas, exentas hasta el momento de punibilidad penal.

Esta ley abarca específicamente delitos de corrupción y alcanza a todas las personas jurídicas de carácter privado (no solo grandes empresas sino a pymes, y otras como asociaciones civiles y mutuales.

Para le empresa resultar responsable de los actos cometidos por individuos se debe probar que el hecho de corrupción se ha hecho a nombre de la empresa o que se benefició de dicho acto.

Según De Maio, la ley establece la figura del Acuerdo de Colaboración Eficaz "por medio de la cual la persona jurídica se compromete a colaborar con la justicia a fin de poder esclarecer cualquier hecho delictivo de corrupción. De hecho, uno de los puntos que generó controversias fue que la Ley elimina la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En algunos sectores esto es considerado como una gran contradicción en una ley que busca ampliar el espectro "transparente" de actuación de las personas jurídicas.

Entre los cambios que se observan en las compañías ante esta nueva Ley, "la figura del compliance officer comienza a hacerse más necesaria. Pero ante todo, las empresas están comenzando a capacitarse en como incluir, no solo los puntos exigidos por ley, sino también -y principalmente - una cultura de ética y transparencia en el día a día laboral.

En el mundo, esta norma se encuentra vigente en diferentes países. "No solo nos limitamos a países como Estados Unidos o Inglaterra, que cuentan con este tipo de leyes desde el siglo pasado. Sino que incluimos también países latinoamericanos como Chile, Perú, Colombia, México y Brasil", aseguró De Maio.

La especialista de Kroll agregó que "Argentina a lo largo de los últimos 20 años ha ratificado ciertos convenios internacionales a fin de ser parte de una política más ética y transparente, pero esta es la primera vez que nos encontramos ante una ley nacional con estos alcances".