Años de asignaturas fiscales quedaron nivelados en 22 hojas y siete días de renegociación

El abrazo que se dieron Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne después de la firma del Consenso Fiscal con los gobernadores, traduce la significancia del hecho político que logró el Gobierno, que a los ojos de la Casa Rosada luce mucho más trascendente que algunos de los costos que aceptaron pagar sus funcionarios.

Marcos Peña calificó el acuerdo como "histórico". Tal vez sea un poco pronto como para usar ese calificativo, ya que las provincias ahora tienen que trabajar con sus legislaturas para que se plasme lo firmado antes del 30 de junio de 2018. El adjetivo desentona menos si se repasa la interminable lista de asignaturas pendientes que se acumularon desde 1994, cuando la reforma constitucional obligó a sancionar una nueva ley de coparticipación sin que ningún gobierno consiguiera el consenso mínimo para ponerse al día.

La Casa Rosada estaba dispuesta a todo con tal de modificar la fórmula de cálculo de las jubilaciones. Resignó su propósito de que solo se indexen cada tres meses, y aceptó que tengan un aumento superior a la inflación. Según un cálculo de la Fundación Mediterránea, si se le reconociera un punto porcentual más por año por encima del IPC, el gasto previsional igualmente bajaría de 9,7% del PBI a 8,8%. Nada mal.

El Gobierno sumó la emisión de un bono por $ 80.000 millones, una cifra que suena ampulosa pero que está destinada a que el servicio de esos títulos acolchone el proceso de compensación de deudas recíprocas entre el Estado y todas las provincias.

Una de sus ganancias, que no estaba en la versión original del acuerdo, fue la validación política del traspaso de $ 20.000 millones de capital del Banco Nación al Tesoro. Ese punto generó rispidez con la oposición en el Congreso y ahora el Ejecutivo se garantizó su inclusión en el Presupuesto 2018.

La ganadora principal, claro está, es la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal se llevó firmado el compromiso del resto de sus pares para recibir un aporte que crecerá hasta los $ 65.000 millones, como compensatorio de todos los fondos que resignó por la distorsión del Fondo del Conurbano. La Nación también se declaró satisfecha con el compromiso de rebajar impuestos provinciales, un reclamo ancestral del sector privado. A cambio, le dará a las provincias las herramientas necesarias para que introduzcan revalúos que mejoren la recaudación del impuesto inmobiliario. Años de literatura fiscal condensados en 22 carillas. Esto recién empieza.

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