ACUERDO entre GOBIERNO Y COMERCIANTES

Lanzaron una mesa nacional para combatir la piratería

Funcionarios del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Civil Antipiratería Argentina (ACAA) firmaron ayer un acuerdo de cooperación para la lucha contra la venta ilegal y la piratería.

Con la suscripción del convenio, se dio formalmente lanzada a la Mensa Nacional por el Comercio Legal, en la que se buscará la articulación público privada para combatir la venta ilegal y las falsificaciones

Del acto participaron por el Gobierno el secretario de Fronteras, Luis Green, y el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benitez, el presidente de CAME, Fabián Tarrío, y el titular de la Asociación Antipiratería Argentina, Enrique Caride.

En la ocasión, se realizó un reconocimiento al fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y su equipo de trabajo, que en un año lograron avanzar en La Salada. "Tenemos el compromiso para seguir peleando desde este espacio", remarcó Tarrío.

Y agregó: "La venta ilegal es un negocio millonario, diseñado por mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería, competencia desleal y corrupción, es por eso que la Mesa Nacional pretende coordinar acciones conjuntas entre el sector público y privado".

Uno de los principales ejes del encuentro fue la alarma por la falta de controles en la triple frontera. "El bagayero no es un trabajador de frontera, es un delincuente", declaró el secretario Green, que apuntó a cambiar la cultura de quienes llevan a cabo esta actividad.

Entre las acciones que en los últimos años viene haciendo el sector privado contra la venta ilegal y piratería, Came efectua jornadas en el interior del país; campañas orientadas a concientizar al consumidor, el Mapa de la Argentina Ilegal y el desarrollo de la aplicación www.argentinailegal.com mediante la cual cualquier persona puede denunciar en forma anónima, desde la PC o el celular, puestos de venta callejeros, saladitas, venta de mercadería robada, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas, contrabando, corrupción y falsificación de marcas), entre otras.

Según el último relevamiento realizado por CAME en junio pasado, la venta ilegal habrá movilizado hacia fines de 2017 un total de $71.500 millones en el mercado negro durante todo el año.

Este monto se traduce en menos empleo formal y derechos para los trabajadores, además de evasión de impuestos destinados al bien común (salud, educación, seguridad y obras).

El dato corresponde a una muestra de 465 ciudades del país, donde se encontraron 110 localidades con formatos comerciales tipo saladitas y un total de 86.728 puestos clandestinos.

En ese sentido, Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Defensa de las Democracias, de Estados Unidos, expuso un informe sobre las redes de financiación en el Cono Sur y en especial en la llamada triple frontera: "Gobiernos débiles, falta de controles en las fronteras y corrupción, son los ingredientes ideales para la delincuencia organizada trasnacional que va de la mano del terrorismo y ayudan a traficantes de droga", dijo.

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