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Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Acción declarativa de inconstitucionalidad contra la provincia de Buenos Aires. Impuesto sobre los ingresos brutos por la venta de combustibles destinados al transporte internacional de carga o pasajeros. Rechazo de la demanda.

- "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/Buenos Aires, provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 26 de septiembre de 2017.

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. inicia una acción declarativa de certeza (1) contra la provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos aplicado a la venta de combustibles para el aprovisionamiento de buques o aeronaves destinados al transporte internacional de carga o pasajeros. Pide, también, una medida cautelar de no innovar (2) para que, mientras dure el juicio, se le impida a la demandada a reclamar el impuesto, sus intereses y multas a la compañía y a sus directivos por responsabilidad solidaria.

La actora funda su planteo en que una de sus actividades es la venta de combustibles para ser consumidos por buques y aeronaves de bandera nacional o extranjera que salen de la aduana argentina, es decir, que son operaciones amparadas por el denominado "permiso de rancho" expedido por la autoridad aduanera, la cual está eximida del tributo (art. 207 inciso t) del Código Fiscal provincial, texto ordenado en 2011). Por ende, la derogación de la exención por la ley local 14.563 (3) no debería incidir pues una norma de ese mismo Código no considera como actividad gravada "las exportaciones a terceros países" (Art. 186, inciso d) y el Código Aduanero trata a la carga protegida por el "permiso de rancho" como una exportación para consumo (art. 513).

Para la empresa, la provincia debió haber asignado a los ingresos provenientes "del rancho" el mismo tratamiento que a las exportaciones y, así, resguardar el principio de derecho internacional que dispone tributar en el país de destino (art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios - GATT). Además, destaca que la Cámara de la Industria del Petróleo presentó una nota ante el Gobernador de la provincia demandada mediante la cual le pidió observar la norma que derogaba la exención a través del ejercicio de su poder de veto y que, en respuesta, la Dirección Provincial de Política Tributaria dependiente del Ministerio de Economía local le informó que el Código Fiscal considera exportaciones sólo a la venta de mercaderías efectuadas al exterior, esto es, las operaciones de venta por las cuales los efectos vendidos superan los límites del territorio nacional en el plano jurídico-político incorporándose a la riqueza de otros países extranjeros. Y, así, concluye que la provincia ejerce la potestad tributaria transgrediendo principios y garantías constitucionales. Por último, señala que entre el 19 de febrero de 2015 y el 15 de julio de 2015 vencieron los anticipos 1 a 6 del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia demandada y que Shell decidió excluir de las bases imponibles de sus declaraciones juradas los ingresos provenientes de las operaciones "de rancho", motivo por el cual está actualmente expuesta a un inminente reclamo provincial.

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una acción meramente declarativa (1) como la planteada sólo procede cuando existe un "caso" para que intervenga un tribunal de justicia (art. 2, ley 27) de modo que si falta dicho requisito es imposible juzgar, circunstancia que no es suplida por conformidad de las partes o por su consentimiento en una sentencia (Fallos: 337:1540*). Ello, así, por ser un procedimiento que no tiene carácter simplemente consultivo ni es una indagación meramente especulativa pues la finalidad de la norma es precaver las consecuencias de un "acto en ciernes" (reputado ilegitimo, que lesiona al régimen federal) y fijar las relaciones legales de las partes en conflicto. Desde esta perspectiva y aún cuando no se requiere un daño consumado, la propia Corte dijo que estas acciones prosperan cuando media: a) una actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) un grado de afectación suficientemente directo y c) que dicha actividad tenga concreción bastante (Fallos: 307:1379; 334:236, entre otros*). Especialmente, en materia tributaria es exigible esa doctrina, según criterio expuesto en la causa CSJ 928/2012 (48-P)/CS1 "Pionner Natural Resources TDF SRL c/Estado Nacional- Ministerio de Economía- resol. 776/06- DGA nota ex. 56/06 s/proceso de conocimiento", sentencia del 29 de octubre de 2013*.

El Alto Tribunal afirma que la actividad de las autoridades que refiere la actora no tiene entidad para ocasionar una afectación directa de sus intereses con un grado suficiente de concreción, con los alcances indicados. Ningún acto orientado a la estimación o percepción de las obligaciones fiscales de Shell fue individualizado en la demanda. Tampoco se trata de normas que, por su sola vigencia, tengan incidencia concreta sobre la esfera de sus derechos pues la demanda se promovió a partir del informe de una unidad interna del Ministerio de Economía provincial, que no permite inferir cuál será la interpretación y el comportamiento de las autoridades provinciales competentes y, sobre esa base, cuestionar las normas generales relativas al impuesto sobre los ingresos brutos y sus exenciones.

En consecuencia, la Corte rechaza in limine la demanda.

SEGURIDAD SOCIAL

Excepción al pago previo (4). Real fecha de inicio de una relación de trabajo demostrada en juicio laboral. Medida para mejor proveer. Principio de estabilidad de las sentencias. Efectos de la cosa juzgada. Seguridad jurídica.

- "Brener Raul c/AFIP - DGI s/impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 3 de noviembre de 2016.

En esta causa, el sr. Brener apela la resolución de la AFIP que había desestimado su impugnación contra la deuda y la multa determinada por Actas de inspección y de infracción al no haber sido declarada una empleada a partir de octubre 2006 a febrero 2008. El recurso de apelación se presenta sin el depósito previo de los montos reclamados (art. 15, ley 18.820 y sus modificaciones (4) con fundamento en que el actor estaba imposibilitado de hacerlo.

La Sala II exime del depósito previo al apelante y abre la vía judicial en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admitió como excepciones los casos de desproporcionada magnitud del monto a depositar frente a la capacidad económica del recurrente, la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar tales erogaciones ("Dintel S.A.", sentencia del 11/9/90; "Villar Hnos. y Cía. SRL" Fallos: 288:287) o cuando el requerimiento evidencia de forma inequívoca un propósito persecutorio por parte de los organismos administrativos.

En cuanto al tema de fondo, el actor dice que la empleada no trabajó para él durante los períodos involucrados con expresa referencia a la causa laboral en donde se discute esa cuestión, motivo por el cual la Sala II ordenó una medida para mejor proveer por la cual le requirió al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 28 que remitiera el respectivo expediente judicial.

Para la Sala actuante, las sentencias de primera y de segunda instancia recaídas en la causa laboral prueban que entre los rubros discutidos se encontraba la fecha de ingreso de la trabajadora la cual difiere de la denunciada por el empleador. En el juicio laboral se demostró que la empleada había trabajado en relación de dependencia a partir del 4 de octubre de 2006 y que su egreso fue el 14 de junio de 2008.

Por ello, al existir un fallo judicial que demuestra la real fecha de ingreso de la trabajadora con efectos de cosa juzgada, la Cámara Federal aplica el principio de estabilidad de las sentencias por el cual el litigante está impedido de someter a decisión judicial una cuestión que fue anteriormente resuelta con efectos definitivos y, a su vez, el tribunal debe desestimar las peticiones que se efectúen en tal sentido (Fallos 315:369*). Si bien se ha sostenido que "La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada produce efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio; es decir, dicha sentencia no puede aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos al juicio (CSJN T. 321 P. 1252*)", la Sala II observa que ya ha quedado dirimida en un juicio de conocimiento anterior la situación laboral cuestionada en este caso, de modo que afectaría el principio de seguridad jurídica volver a discutir sobre ese tema antes resuelto. Por ello, hay que cumplir las obligaciones previsionales derivadas de la sentencia laboral.

En cuanto al agravio del actor relativo a la sanción impuesta, en donde no se tuvo en cuenta el carácter tributario de estas obligaciones y la falta de ponderación del elemento subjetivo, el Tribunal observa que no existen circunstancias exculpatorias válidas para eximir de multa ya que hubo una simple negativa de la prestación de tareas, situación dirimida en el ámbito de la Justicia del Trabajo.

La Cámara rechaza el recurso, con costas al apelante vencido.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El objetivo de esta acción es obtener una sentencia que haga cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica si esa falta de certeza puede causar un perjuicio o lesión actual al interesado y no hubiera otro medio legal para resolverlo.

(2) Arts. 230 y 232, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta medida se dispone si el derecho es verosímil, de manera excepcional cuando no exista otra medida precautoria y si es necesario mantener la situación de hecho o de derecho frente al peligro que provocaría su modificación por tornar ineficaz o de cumplimiento imposible la sentencia.

(3) Ley impositiva 2015.

(4) Para habilitar la instancia judicial ante la Cámara Federal de la Seguridad Social por recursos contra resoluciones de la AFIP que determinan este tipo de deudas, sus intereses y multas, hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados. La omisión del pago previo provoca la deserción del recurso de modo que la AFIP queda facultada para iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar dichos importes y solicitar el embargo de cuentas bancarias con orden del Juez competente.

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com