El Ejecutivo porteño, con vía libre para poner el subte en manos privadas

La Legislatura porteña aprobó una ley que habilita al Ejecutivo a convocar a una licitación pública nacional e internacional para otorgar el servicio de operación y mantenimiento de los subterráneos de Buenos Aires, a la vez que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018 el permiso para que la firma Metrovías, controlada por el grupo Benito Roggio, continúe explotando el servicio.

La nueva concesión será por 12 años, prorrogables por otros tres. A su vez, la ley establece pautas generales de la concesión y crea una comisión de seguimiento en el ámbito de la Legislatura para controlar el proceso licitatorio y la posterior prestación del servicio.

De acuerdo al texto, la estabilidad laboral de los actuales empleados está garantizado, con excepción del personal gerencial.

El proyecto salió adelanto con los 32 votos positivos del interbloque Vamos Juntos (conformado por los 28 legisladores del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública), la abstención del legislador sindicalista Claudio Palmeyro, y 23 negativos del resto de las bancadas.

También se puso a consideración

un despacho de minoría del Frente para la Victoria, autoría de los diputados Javier Andrade y Paula Penacca, que proponía crear un sistema operativo y de mantenimiento estatal, y observaciones de los diputados Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), en oposición a cualquier forma de privatización, y de Laura Marrone y Marcelo Ramal (FIT), proponiendo el "control obrero" de los subtes.

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