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El Gobierno se centra en un solo gendarme, pero también se investiga el encubrimiento

El subalférez Echazú, uno de los gendarmes que ingresó a la comunidad y llegó hasta el río, quedó en el centro de las sospechas. Fue herido durante el operativo

Ayer se reanudaron los rastrillajes en el río Chubut

Ayer se reanudaron los rastrillajes en el río Chubut

Tras el viraje discursivo del Gobierno respecto de la desaparición de Santiago Maldonado, ayer la mirada recayó sobre uno solo de los gendarmes que participaron del operativo en Cushamen el 1 de agosto. Se trata del subalférez Emmanuel Echazú, uno de los efectivos que durante la represión a la comunidad mapuche llegó hasta el río y que, según informó la Gendarmería, fue herido de un piedrazo que le provocó una doble fractura de mandíbula.

Según trascendió, en la primera presentación que hizo con información del operativo, Gendarmería no informó a la Justicia sobre la participación de Echazú en el operativo. Su nombre, como parte del grupo que además de despejar la ruta ingresó a la comunidad mapuche, fue agregado en informes posteriores.

Sin embargo, y más allá de la actuación particular de Echazú, en la causa por la desaparición forzada que instruye el juez federal Guido Otranto, la Justicia Federal de Esquel investiga además si hubo encubrimiento de los hechos. Una causa en la que podrían quedar imputados el resto de los gendarmes, sus superiores y funcionarios. Por eso, ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente para investigar ese delito, por el que el fiscal federal Federico Delgado había denunciado al Gobierno.

Delgado había pedido abrir una investigación y medidas de prueba, en base a la denuncia presentada por dos organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, Canicoba remitió su denuncia al juzgado de Otranto y se excusó de intervenir porque la causa resulta "conexa" con las que lleva su par chubutense. Y es que la investigación por desaparición forzada incluye necesariamente el delito de encubrimiento.

"La negativa a reconocer la privación de la libertad o de informar sobre el paradero de Santiago Maldonado constituyen parte del hecho que se está investigando" en el juzgado de Otranto, resaltó Canicoba Corral.

Delgado le había solicitado a Canicoba Corral que pida un informe "urgente" al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que detalle "las tareas que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado". También había solicitado que el juez "requiera una copia urgente" de la causa que lleva Otranto. Y había recomendado, además, que el juez federal de Esquel sea apartado porque fue él quien ordenó el operativo en el que ocurrieron los hechos investigados, es decir, el operativo para despejar el corte de ruta, y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".

Con su requerimiento, Delgado había dado impulso a denuncias presentadas por la Liga Argentina de Derechos del Hombre y por el abogado Eduardo Barcesat, en las que se acusaba al presidente Mauricio Macri, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), junto a responsables de Gendarmería Nacional.

Maldonado, un joven artesano de 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto durante una protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40, en Chubut.