EE.UU. sancionó a Maduro y analiza castigar al sector petrolero venezolano

El gobierno de Donald Trump anunció ayer que congeló todos los activos que pudiera tener Nicolás Maduro en Estados Unidos, en una medida que se propone castigar al gobierno bolivariano, un día después de la votación de la Constituyente que gran parte de la comunidad internacional consideró ilegal.

El gobierno norteamericano también analiza sanciones contra el sector petrolero venezolano, lo que significaría un golpe profundo a la economía del país sudamericano. Una de las medidas impediría la venta de crudo liviano a PDVSA , lo que dificultaría la ya débil red de refinación de la petrolera estatal venezolana. La empresa importó ya este año 87.000 barriles por día de productos refinados estadounidenses para compensar su maltrecha red de refinación, que en el 2017 operó a menos de la mitad de su capacidad debido a la falta de crudo, frecuentes cortes y carencia de repuestos.

"Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano", indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. Estados Unidos ya sancionó la semana pasado a 13 funcionarios acusados de quebrar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos.

El presidente Donald Trump ya había amenazado con sanciones económicas, sobre todo en la industria petrolera, fuente del 96% de los ingresos venezolanos. Estados Unidos compra 800.000 barriles diarios de petróleo de los 1,9 millones que produce Venezuela.

"¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo de Venezuela", exclamó Maduro al celebrar lo que calificó un "triunfo histórico" de la revolución.

Frente a gobierno y adversarios que califican la Constituyente de "ilegítima", Maduro aseguró que su "legitimidad" está garantizada por ocho millones de electores ( el 41,5% del padrón) que según el poder electoral votaron el domingo.

En tanto la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, chavista que se rebeló contra el Gobierno, volvió a denunciar que la Asamblea Constituyente representa su "ambición dictatorial" de "ejercer el poder sin límites".

"Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial ... estamos frente a una ambición dictatorial", dijo Ortega.

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La abogada advirtió que "todos los derechos políticos están en peligro" con la Constituyente, suprapoder que regirá el país por tiempo indefinido. "Aquí no hay más elecciones ... se van a acabar los derechos a la manifestación, a la libertad de expresión", alertó.

Ortega acusó al gobierno de Maduro de "delitos de lesa humanidad" en el camino hacia la Constituyente, con "patrones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos" por parte de militares y policías.