EL FISCAL SOLICITÓ A ERCOLINI QUE LA cite POR LA COMPRA DEL EDIFICIO DE LA PROCURACIÓN

Piden indagar a Gils Carbó y Cambiemos discute si intentará echarla por decreto

El diputado Tonelli dijo que el Gobierno no descarta removerla por decreto, pero Carrió se quejó y el ministro Garavano lo desmintió. Se espera la decisión del juez de la causa

El fiscal federal Eduardo Taiano firmó ayer el pedido de indagatoria para su jefa, la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Era una decisión que la funcionaria esperaba y por la que responsabilizó al Gobierno, que ayer se trenzó en una discusión pública sobre si intentará o no removerla de su cargo por decreto, tal como cree Gils Carbó.

El pedido de indagatoria de Taiano alcanza a otras diez personas que participaron de la licitación y compra, por parte de la Procuración, del edificio de la calle Perón al 600, adonde Gils Carbó tiene su despacho. Según el fiscal, "de manera previa a la convocatoria pública, ya se había elegido al ganador de la licitación", lo que constituye una "actividad criminal".

En cuanto a la imputación a la procuradora, Taiano considera que, por la trascendencia de la operación (por el edificio, la Procuración desembolsó $ 43,8 millones en 2013), el tema no pudo escapar a su supervisión. Señala además que, aunque no supiera de la licitación digitada, "debió haber sospechado" y fue responsable política de la operación.

La causa se centra en la intervención de Guillermo Bellingi, entonces número dos del área de contrataciones de la Procuración y a partir de estos hechos suspendido por Gils Carbó; y su hermano, Juan Carlos Thill, quien cobró tres millones de pesos de comisión por la operación. Ese dinero lo pagó la inmobiliaria que intermedió en la venta, Jaureguiberry y Asociados. Sobre todos ellos pesa el pedido de indagatoria junto al de la funcionaria.

"Corresponde analizar los alcances de su participación", dice Taiano sobre la procuradora, que asegura haber sido víctima de un empleado infiel. El fiscal, sin embargo, puntualiza que Bellingi fue designado de manera "precipitada" y que su nombramiento fue una de las primeras medidas de Gils Carbó al asumir.

La decisión quedó ahora en manos del juez Julián Ercolini, que deberá decidir si da curso a la indagatoria. Ayer en la Procuración esperaban que el magistrado avale el pedido de Taiano entre hoy y mañana.

A partir de la investigación, el Gobierno comenzó a agitar la posibilidad de intentar remover a Gils Carbó por decreto. Ayer, el diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y miembro del Consejo de la Magistratura, confirmó ese escenario; aunque luego fue desautorizado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador, eso no está previsto. De modo que la remoción puede ser procedente por otra vía", dijo Tonelli en declaraciones a FM Blue. El diputado incluso citó el caso del el ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, Ricardo Molinas, quien en su momento fue removido por decreto por el presidente Carlos Menem cuando investigaba la corrupción de su gobierno. "La Corte lo convalidó", enfatizó Tonelli al respecto.

Sin embargo, dos figuras clave de Cambiemos desautorizaron su postura. La primera en salir a pronunciarse fue su colega en la Cámara baja, Elisa Carrió, quien a través de la red social Twitter avisó: "O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución".

Momentos después, al presentarse en el Senado para defender el proyecto de un régimen penal empresario (de lo que se informa aparte) el ministro Garavano descartó que el Gobierno vaya por la vía del decreto. De todas formas, apuntó: "Gils Carbó debe pedir licencia y asumir su defensa como ciudadana y no como jefa del fiscal que pide su indagatoria".

 

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