La Corte avaló la delación de JBS y avanza la investigación contra Temer
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, tiene cinco días para formular la acusación formal contra el presidente por corrupción pasiva y obstrucción a la justicia
El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ratificó al juez relator (encargado de la acusación) del caso de las delaciones premiadas de ejecutivos del grupo JBS, Edson Fachin, en su rol. Y dio por válido el acuerdo alcanzado con los empresarios arrepentidos, lo que le posibilitará avanzar con la investigación derivada de las grabaciones que aportó Joseley Batista y que comprometen al presidente Michel Temer.
Esto le permitió a Fachin enviar al procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, la autorización para iniciar el trámite judicial, y le concedió cinco días para presentar una denuncia formal por los delitos de corrupción pasiva, ser miembro de una organización criminal y de obstruir a la justicia.
Ayer también se conoció un informe parcial que la Policía Federal envió al STF en el que concluye que hay indicios de un posible delito de "corrupción pasiva" cometido por el presidente.
El informe señala que existió un acuerdo entre Temer y el diputado suspendido Rodrigo Rocha Loures, actualmente encarcelado, quien fue filmado transportando una maleta con 500.000 reales entregada por Joesley Batista, ejecutivo del gigante de la agroalimentación JBS. Rocha Loures es señalado por JBS como la persona directamente designada por Temer para recibir sobornos.
La Policía pidió más tiempo para concluir sus investigaciones y presentar un informe completo sobre el caso.
El fiscal general cuenta con tiempo hasta septiembre para lograr cerrar la investigación, momento en que podría ser reemplazado por la expiración de su mandato. Si sucede esto, el Ejecutivo podría impulsar la candidatura de una persona más afín que la entorpezca.
Temer ya demandó judicialmente a Batista por calumnias, difamación e injurias, pero un juez federal consideró el martes pasado que ninguno de esos delitos se configura en este caso.
La Corte Suprema, sin embargo, se arrogó la potestad de rechazar el acuerdo si se comprueba alguna irregularidad, como que la mentira de algún testigo o que se haya retenido información. Esto podría debilitar en el futuro el juicio o anularlo.
La Corte debatió también en el plenario si es posible cambiar los términos del acuerdo alcanzados, pero rechazó la posibilidad asegurando que eso podría poner fin al proceso completo de delación compensada que es legal en Brasil desde 2013.
Los votos positivos a la validación del acuerdo llegaron a siete de los once en disputa..
Los cuestionamientos sobre la legalidad de los acuerdos de JBS fueron realizados por la defensa del gobernador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, uno de los citados en los testimonios de los ejecutivos de la empresa. La defensa cuestiona la remisión del proceso a Fachin, además de los beneficios concedidos al empresario Joesley Batista, uno de los dueños de JBS.
La posibilidad de que los abogados de la defensa puedan solicitar al STF que decida los términos de los acuerdos podría reducir la velocidad por el cual se alcanzan esos pactos, dijeron dos fiscales federales consultados por la agencia Reuters.
"Esta es una señal para aquellos que quieran llegar a un acuerdo con los fiscales y entregar cantidades sustanciales de pruebas por corrupción, de que no podrían beneficiarse realmente de hacerlo en forma parcial", dijeron los fiscales.
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