El relativismo de las instituciones económicas

Hoy estamos en un momento crítico de la política económica en la Argentina. Necesitamos elevar la discusión sobre la mezcla y calidad de las políticas que se van a plasmar después de las elecciones de octubre. Esto nos lleva a discutir buenas instituciones presupuestarias (de gasto e impuestos) que solidifiquen los avances en el plano monetario y financiero.

La buena noticia es que el discurso que enfatiza la importancia de las instituciones económicas para el desempeño de la economía se está revalorizando nuevamente. Este discurso osciló en el pasado entre situaciones de moda y descrédito o, al menos, relativización.

Primer culpable: la experiencia de los años 90, que terminó mal y con ello arrastró al discurso institucional en economía. El peor momento para el discurso institucional sobrevino luego de la crisis de 2002 y en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Con el aval de muchos economistas no kirchneristas, se relativizaba por entonces el rol de las instituciones económicas, al que se asociaba con el discurso reformista-eficientista emparentado con las reformas de los 90 y con el estereotipo del consenso de Washington, que había entrado en una etapa histórica de descrédito.

Aún los economistas muy críticos al gobierno K en muchos aspectos aceptaban que, con una macroeconomía heterodoxa ordenada, se podía crecer sin necesidad (o aún haciendo lo opuesto) de una política microeconómica razonable. Eran los tiempos en qué con un resultado futbolístico defensivo Macroeconomía 1, Microeconomía 0 (para usar una frase acuñada por quien un actual prominente miembro del oficialismo) el kircherismo se aseguraba un buen desempeño. Más todavía: encuadramientos de la entonces política económica en el casillero de populismo era algo puesto en duda, porque lo relevante era que no había populismo macroeconómico, en el sentido de Adolfo Canitrot, Rudi Dornbush o Sebastián Edwards.

En otra vereda, y desde una perspectiva diferente de las despreocupaciones respecto a las instituciones económicas, estábamos un grupo de economistas que miraba lo que estaba ocurriendo en el sector de infraestructura y energía y que señalaba que se estaba instalando un régimen de comando y control (un cepo) que iba camino a extenderse a toda la economía.

El punto de inflexión ocurrió en Febrero de 2007 cuando Alfredo Canavese, Juan Llach y Guillermo Rozenwurcel, lideraron una declaración en torno al inicio de la intervención del INDEC y que nucleó a más de 200 economistas y otros académicos todos provenientes de diversas orientaciones. En años posteriores hubo eventos que volvieron a separar y luego a acercar posiciones entre economistas. Uno de ellos fue la nacionalización de los fondos de pensión en 2008 en donde la brecha se abrió entre aquellos que aceptaron la necesidad de hacer una contra-reforma para lograr mejor cobertura y aquellos que vieron en el anuncio un típico asalto contractual extractivo (a la Daron Acemoglu y Jim Robinson) sobre un sistema imperfecto pero que era mejor que un sistema que nos llevaba de nuevo a un vaciamiento actuarial.

Otro momento emblemático fue la reforma a la carta orgánica del BCRA a comienzos de 2012, votada entonces por una super mayoría en el Congreso. Este evento dio lugar a un ciclo de seminarios organizado por el blog Colectivo Económico que por entonces era manejado en secreto y con valentía por dos economistas del BCRA (Laura D Amato y Sebastián Katz).

En ese ciclo de seminarios y a pesar de las distintas visiones sobre la independencia del Banco y el régimen monetario preferible, tendió a prevalecer un consenso de que estábamos frente a un franco retroceso institucional en materia de instituciones y estabilidad monetaria. Mi presentación en ese ciclo https://colectivoeconomico.files.wordpress.com/2012/08/navajas-22-08-2012.pdf partió de la siguiente observación paradójica sobre la macro de los años 2000s. Si sabemos, por teoría y por experiencia internacional, que un gobierno es empujado a utilizar el impuesto inflacionario porque no puede equilibrar sus cuentas (es decir que tiene un costo muy alto de obtener fondos públicos vía la tributación convencional o un costo muy alto de bajar el gasto)

¿Cómo se explicaba que un gobierno que tenía superávit fiscal primario se haya embarcado, a mediados de los 2000, en recaudar el impuesto inflacionario? Este estilo de plantear una paradoja es el mismo que alguien podría usar ahora para preguntarse ¿Y ahora qué explica que un gobierno que tiene un déficit fiscal estructural enorme se haya embarcado en querer suprimir rápido el impuesto inflacionario?

Yo en su momento dije que la inconsistencia entre superávit fiscal e impuesto inflacionario de los 2000 era en parte debida a una doctrina macroeconómica prevaleciente que hacía que el supuesto superávit era sólo un espejismo transitorio. Lo mismo debería aplicarse en la actualidad respecto al déficit fiscal. Mientras se implementan las reformas estructurales graduales (que lleven por ejemplo al congelamiento real del gasto público durante la transición) la economía puede ir más rápido a un sendero de baja inflación.

¿Y si ahora las reformas del lado del gasto no se llevan adelante? En ese caso, entonces, las instituciones monetarias actuales no tienen futuro, como no la tuvo la convertibilidad. En suma, la importancia de avanzar en un acuerdo político institucional que corrija el desequilibrio fiscal es superior al arreglo institucional que hoy tenemos en materia monetaria. Querer tirar por la borda la política monetaria es muy grave porque consagra el abandono del objetivo de un país macroeconómicamente estable.

Pero pensar que la política monetaria por si sola va a encauzar este proceso es un error. Como lo puso con crudeza Dani Rodrik cuando en 2008 extendió el argumento de segundo mejor a las instituciones económicas (y uso a la convertibilidad argentina como uno de sus tres ejemplos favoritos): ciertas instituciones ideales en un contexto no funcionan si hay fallas en otras instituciones. Y hoy son las (próximas) instituciones fiscales, y las alianzas dentro de la política argentina, las que van a definir la suerte de la estabilidad macroeconómica.

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