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En la ruta de los $ 1.300 millones se evadieron todos los controles

Peor que el cuento del gran bonete. Nadie fue. Nadie vio. Nadie controló nada.
El destino de los $ 765 millones que recibió la Fundación Sueños Compartidos intenta ser presentado como un delito del orden “privado”. De hecho apenas asumió la defensa de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación de Madres Plaza de Mayo, el abogado Adrián Tenca argumentó que una vez que el dinero público ingresa a una organización privada pierde su carácter público. Dijo también que Schoklender no es un funcionario y por lo tanto no tiene que demostrar cómo hizo su fortuna.
Sin embargo no es cierto que por tratarse de una entidad privada no deban intervenir los organismos de control ni auditarse hasta el último peso. La Ley 24.156 regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Se dispone en el artículo 8 que “serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes” –este es el caso– y también “a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades”.
Según esta ley competen como órganos de control interno del Estado responsabilidades a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y como órgano externo, a la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso de la Nación.
Pero además, deben ejercer el control del dinero público aportado “las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional”. Estas unidades dependen, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. Entonces, además de la SIGEN y de la AGN, cada Ministerio que dispuso fondos y recursos para la Fundación presidida por Hebe de Bonafini debió haber advertido algo en la auditoría de cada año. Por lo menos le cabe el sayo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En el Ministerio de Trabajo en cambio dicen que nunca giraron fondos y que los seguros de capacitación y empleo a la gente que trabajó para la Fundación de Madres pasaron siempre por esa cartera. También colaboró con la entidad el Ministerio de Desarrollo Social.
Pero además, no hubo hasta ahora sanción de la AFIP por el incumplimiento del pago de aportes a empleados tal como dispone la Ley Penal Tributaria. Y el Banco Central de la República Argentina también intenta explicar qué pasó con los cheques rechazados. Un paso más allá, también debería volver a explicar un juez de la Nación: Claudio Bonadío, quien a principio de este año cerró una causa al respecto.
Parece imposible que haya tantos en la lista con mirada laxa sobre los $ 1.300 millones que estaban disponibles para la construcción de viviendas que además se hicieron por contratación directa, algo que para tales cifras tiene prohibido el Estado Nacional.
Para que se entienda: el envío de fondos a la Fundación permitió eludir las reglas básicas para adjudicar la construcción de viviendas y hospitales como son las licitaciones públicas, mecanismo que no sólo garantiza mejores precios sino también, transparencia. Por acción u omisión, la lista de los que participaron del juego del gran bonete es extensa: Unidad de Auditoría Interna por lo menos de un Ministerio, SIGEN, AGN –organismo que varias veces exigió información al Gobierno sobre otros temas a los que nunca accedió– y la AFIP. También la Unidad de Investigaciones Financieras cuyo titular José Sbatella admitió que tardó un año en tener elementos para ir a la Justicia y casualmente los tuvo cuando el escándalo salió en los medios y coincidentemente cuando acababa, por fin, de aprobarse en el Congreso la Ley contra el Lavado de Dinero, delito que está entre los investigados en el caso.
También pudo haber advertido alguna irregularidad la Inspección General de Justicia –organismo que debe auditar a las fundaciones que reciben dinero del Estado–, el Banco Central y hasta la Justicia Federal, aunque en este caso se trate de otro poder del Estado.
Pero el cuento del gran bonete no termina ahí. Municipios y gobiernos provinciales que actuaron como intermediarios hacen malabares por despegar del entuerto. El primero fue el gobierno de Daniel Scioli que oportunamente apenas estalló el escándalo reveló a través del Boletín Oficial bonaerense que la empresa Meldorek S.A. –constructora contratada por Madres– es propiedad de Sergio Schoklender, hecho que él, como apoderado, negaba.
El “Schoklendergate” podría ser la punta del iceberg sobre la discrecionalidad y desmanejos de los fondos destinados a la obra pública en Argentina.
Evidentemente y hasta por las revelaciones de la propia Bonafini, en cinco años que lleva funcionando la Fundación, no han faltado huellas. Alguien las dejó, nadie las vio.