La urbanización de la Villa 31 vuelve a estar en debate. Informes públicos y privados estiman que, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno de la Ciudad destinó más de 500 millones de dólares a obras de integración en el barrio Padre Mugica. Sin embargo, al recorrer la zona, el resultado parece muy lejos de esa inversión.
Calles angostas por donde no entran patrulleros, viviendas precarias, servicios incompletos y problemas estructurales que no se resolvieron. Para muchos vecinos y especialistas, la pregunta es evidente: ¿cómo puede ser que con semejante presupuesto el barrio siga en tan mal estado?
A esto se suma otro dato: según relevamientos informales, en la Villa 31 alrededor del 75% de los habitantes actuales son inmigrantes, y muchos vecinos pagan alquileres informales de hasta 500 dólares por mes. Es decir, los porteños financian con sus impuestos mejoras para un asentamiento donde la mayoría no es propietaria, no tiene título y, además, termina pagando alquiler en negro a terceros. Un círculo que no mejora la vida de nadie.
Esto alimenta sospechas sobre la existencia de intereses económicos internos y hasta presencia de narcotráfico, según denuncias de residentes y organizaciones barriales.
Frente a esta situación aparecen dos posturas políticas enfrentadas.
Por un lado, la línea representada por María Migliore, que defiende seguir invirtiendo fondos públicos en la urbanización y la “puesta en valor” del barrio.
Por el otro, figuras como Ramiro Marra, que señalan que —al no haber títulos de propiedad— la Villa sigue siendo un asentamiento ilegal y que debería avanzarse hacia soluciones que cumplan la ley. La discusión se volvió viral cuando Marra publicó una imagen satírica de la Villa bombardeada. Más allá del extremo, puso en agenda un tema que muchos prefieren evitar.
Pero existe una tercera vía, más lógica y menos ideológica:
Con 500 millones de dólares, cada familia podría haber recibido alrededor de 50 mil dólares para relocalizarse en viviendas dignas, legales y en mejores condiciones. La Ciudad, a su vez, recuperaría un terreno estratégico lindante con Retiro, hoy ocupado de manera informal, y podría darle un uso urbano planificado.
Una alternativa posible sería un modelo de desarrollo sin costo fiscal:
• El sector privado construye nuevas viviendas para las familias de la Villa en zonas donde falte poblar.
• A cambio, la Ciudad entrega las tierras de la actual Villa 31 a desarrolladores para futuros proyectos.
• Las familias acceden a una casa digna;
• Los desarrolladores obtienen tierras para invertir;
• Y los porteños no pagan un peso más de impuestos.
Este enfoque resuelve tres problemas a la vez: garantiza vivienda digna, cumple la ley y potencia el desarrollo urbano. No perjudica a los vecinos de la Villa ni a los contribuyentes. Solo afecta a quienes, desde hace años, viven política y económicamente de administrar la pobreza.
La discusión sobre el futuro de la Villa 31 no es un tabú: es una necesidad. Y cuanto antes se haga con números claros y soluciones reales, mejor para todos.
