Venezuela y el fracaso regional para defender la democracia

El 11 de diciembre de 2010, el ex Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, dio un discurso en el Congreso peruano que tendría enormes consecuencias para toda América latina: propuso la aprobación de una carta democrática interamericana.

El diplomático por excelencia del último siglo de América latina sabía perfectamente que la infinita paciencia del tradicional diálogo diplomático no era suficiente para resolver las crisis democráticas como la vivida en Perú. A pesar del autogolpe de Fujimori de 1992 y de las numerosas y graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el dúo Fujimori-Montesinos, los países de la OEA privilegiaron un diálogo interminable.

Pérez de Cuellar era consciente de que la democracia peruana había sido recuperada debido a los vídeos de Montesinos repartiendo miles de dólares a líderes peruanos y no gracias a los elegantes diálogos en los lujosos salones de la OEA junto al río Potomac en Washington. En su discurso en el Congreso delineó los requisitos que debía contener la carta democrática para cambiar el rumbo de nuestra historia autoritaria. En primer lugar propuso el reconocimiento de la democracia como un derecho. De esa forma, la democracia abandonaba la biblioteca de las ciencias políticas para incorporarse al canon jurídico interamericano.

En segundo lugar, propuso definir el contenido de la democracia para que la comunidad internacional pueda responder, no sólo a los burdos golpes de fusiles y botas, sino también frente a otras alteraciones del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático. En tercer lugar, y como consecuencia del fracaso del diálogo como único método de la diplomacia, propuso agregar un procedimiento de actuación colectivo, democrático y progresivo que el diálogo diplomático sea eficiente.

Con la aprobación de la Carta Democrática el 11 de septiembre de 2001, ese sempiterno diálogo de la diplomacia latinoamericana encontró una alternativa para prevenir y resolver las crisis democráticas. En el cambiante orden internacional era evidente la necesidad de dotar al tradicional diálogo diplomático de un nuevo marco de actuación para pasar de los cócteles a las carpinterías.

Sin embargo, en el caso de Venezuela en la última década y media, el diálogo inconducente ocupó todos los escenarios. Desde el año 2000, la OEA, Unasur, Mercosur, el Parlamento europeo y las Naciones Unidas han emitido decenas de comunicaciones y declaraciones convocando al diálogo. Vale la pena mencionar algunos ejemplos para comprender la magnitud del fracaso que ha tenido el diálogo:

La OEA ha convocado al diálogo por lo menos en mayo 2003, marzo 2009, febrero 2010, octubre 2012, noviembre 2013, marzo y febrero 2014, febrero 2015, noviembre 2016 y marzo 2017; Unasur en febrero y marzo de 2014, marzo 2015, mayo 2016, enero 2017; Mercosur en febrero 2014 y diciembre 2016; el Parlamento europeo en mayo 2007, febrero y diciembre 2014, marzo 2015 y junio 2016; y la ONU en agosto 2004, abril 2013, abril 2014, febrero 2015, mayo y agosto 2016, octubre 2016, marzo y abril 2017.

Asimismo, esas convocatorias fueron seguidas con intentos concretos de diálogo. La OEA, con la participación del ex Presidente Carter y la ONU facilitaron un diálogo entre el 2002 y 2005. En febrero de 2014 se llevó adelante un diálogo propuesto por el Vaticano y las cancillerías de Brasil, Ecuador y Colombia. En Marzo de 2016 se convoca un nuevo diálogo convocado por Unasur en RD y los ex presidentes Zapatero de España, Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de RD. Y en octubre se sumó el Vaticano a ese diálogo.

Mientras el mundo entero convocaba al diálogo, Chavez y Maduro aprovechaban para cerrar la mayoría de los medios de comunicación críticos de las autoridades; encarcelar a estudiantes y líderes de la oposición; nombrar a jueces pusilánimes y remover o encarcelar a aquellos que tomaban decisiones contrarias al gobierno; crear arbitrariamente una mayoría automática en la Corte Suprema y clausurar el Congreso cuando pasó a controlarlo la oposición. Al vaciamiento democrático, se suma casi un centenar de muertos en las manifestaciones públicas en manos de agentes del Estado o bandas armadas apoyadas desde el Estado. Sólo en las últimas semanas ha habido más de medio centenar de muertos.

El diálogo diplomático debe ser conducente a resultados concretos en el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de Venezuela el diálogo se asemeja más a un acompañamiento al cadalso, que a la búsqueda de democracia y respeto a los derechos humanos. Durante casi dos décadas los países de América latina, mientras promovían el diálogo, no quisieron reconocer el vaciamiento democrático y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los argentinos sabemos muy bien que el silencio en derechos humanos representa más presos políticos, más tortura, más muertes, más censura, más impunidad y menos estado de derecho. Lamentablemente muchos países de América latina, incluyendo a la Argentina, ocultaron las violaciones a los derechos humanos en Venezuela detrás de la bandera de un supuesto neoprogrepopulismo del siglo XXI. Ese prolongado silencio en derechos humanos, mientras acompañaban un diálogo con sello de fracaso, se refleja en un espejo con el grito de dolor de las madres que entierran a sus hijos asesinados en las protestas y en los candados que le niegan la libertad a los estudiantes y líderes políticos encerrados en las cárceles.

Pareciera que en los últimos meses algunos Estados de la región están comprendiendo la necesidad de mayor contundencia de la diplomacia regional. Las declaraciones y acciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, invocando la Carta Democrática, marcan un cambio importante de la insustancial diplomacia coctelera que caracterizó la última década.

Esperemos que este sea el inicio de una nueva etapa en la región en donde el diálogo diplomático tenga medios de acción más oportunos y eficaces, como imaginó Pérez de Cuellar, para que la defensa colectiva de la democracia logre imponerse sobre un uso hipócrita y maniqueo de la soberanía, que en América latina le ha costado la vida a cientos de miles de personas en manos del Estado. Tenemos la obligación colectiva de lograr que el periodo democrático más largo en la historia de América la tina no se vea interrumpido por líderes mesiánicos

 

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