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Una jugada fiscal, diseñada solo para que el FMI acepte abrir la billetera

En las últimas semanas, Sergio Massa aseguró más de una vez (tanto en público como en privado) que la Argentina iba a tener acuerdo con el FMI. Lo que se discutió en todo ese tiempo fue el precio de ese entendimiento. El Fondo se mostró dispuesto a ser comprensivo, pero ese gesto no iba a ser gratuito. Mostrar el daño que causó la sequía en el balance del BCRA y en las cuentas fiscales podía servir para gestionar un waiver. Pero si además del perdón, la Argentina quería un adelanto de fondos, algo más había que poner sobre la mesa.

La partida de póker que disputó el staff con el equipo económico se extendió más de lo esperado, aunque ambos bandos sabían de antemano que ninguno podía levantarse de la silla. El tira y afloje inquietó a los inversores, que con el calendario en la mano, hacían números y evaluaban el tiempo que podría demorar la llegada de desembolsos. A fin de mes hay que pagar sí o sí cerca de u$s 2700 millones.

El consenso finalmente llegó. Algunos de sus detalles van a permanecer en reserva algunos días más. Las partes avisaron ayer que ahora deberán sentarse a redactar el acuerdo técnico, que deberá ser luego elevado al directorio del FMI para su aprobación. Cuando eso suceda, se activará la transferencia de DEG desde Washington al Banco Central.

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Lo que viene, del lado argentino, es una nueva tanda de dólar agro, destinada a reforzar reservas, con un tipo de cambio diferencial que esta vez llega a $ 340. Tendrá una vigencia transitoria hasta el 31 de agosto pero pondrá presión hacia adelante, ya que es improbable que para la próxima cosecha no se instrumente un programa similar. La alternativa para no hacerlo sería plasmar una corrección cambiaria. Sobre la debatida simplificación, la única novedad es la desaparición del dólar ahorro y su conversión en dólar tarjeta (con 45% de percepción de AFIP en lugar de 35%).

El resto de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno apuntan a reducir los desequilibrios fiscales. La primera es un anticipo de Ganancias que recaerá sobre las empresas con utilidades mayores a $ 600 millones. La segunda es una generalización del impuesto PAIS, que recaerá sobre buena parte de las importaciones. Los servicios pagarán 25%, y los bienes, 7,5% (con sus correspondientes exenciones). Solo podrán saltear el gravamen los que consigan pagar sus compras sin pasar por el MULC. Es un ordenamiento, con potencial impacto en los precios. Ahora falta ver que pone el FMI detrás de este gesto.


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