Una agenda energética exigente para diciembre

Millonarios subsidios, pagos de deudas a favor de las petroleras y el desafío de desarrollar Vaca Muerta sin comprometer más a la exigida caja pública forman parte del legado de la actual gestión energética. Ese incómodo paquete también incluye algunas definiciones estratégicas sobre el financiamiento de infraestructura, qué tipo de matriz consolidar y, básicamente, cómo contener cuadros tarifarios sin ahuyentar a los expectantes inversores, que apuestan a la firme dolarización del sector y a hasta la libre disponibilidad de divisas.

Quien asuma la Presidencia el 10 de diciembre no la tendrá fácil.

La recomposición de tarifas de luz y gas y el aumento de la producción local de este producto no fueron suficientes para erradicar las subvenciones, en particular las del sector eléctrico. El proyecto de ley de Presupuesto 2020 estima que en el ejercicio actual se terminarán ejecutando subsidios por $ 266.800 millones, $ 80.506 más que el año pasado. El aumento del dólar fue y será decisivo en ese derrotero ascendente.

La misma iniciativa del Poder Ejecutivo prevé que el año que viene el aporte estatal para el sector se incrementará en un 37% en relación a las previsiones realizadas para este año, proporción que se remonta al 47% en el caso de la electricidad.

En el último trimestre del año los consumidores pagarán el equivalente al 57% del valor de la electricidad producida. La brecha mantiene vivo el dilema de si cerrarla con un aumento de tarifas o con más subvención de la exhausta caja pública. También anima la discusión, ya documentada en las filas del Frente para Todos, de cuál es el costo real de los energéticos en el país y hasta dónde la dolarización de los precios es un axioma incuestionable.

En gas ya hay un reajuste jugado. Desde diciembre hasta abril las facturas añadirán el 22% del valor de las facturas invernales que se pospuso para el verano con el fin de "aplanarlas".

Aún en caso de que una nueva administración pensara en revisar los cuadros tarifarios sobre la base de desmenuzar costos "reales", esas subas en ciernes son ineludibles en el corto plazo.

A la exigencia de los subsidios el erario suma la de honrar deudas con las productoras de gas. Este mes se paga la primera de las treinta cuotas para compensar a esas empresas por la suba de costos que propiciaron las devaluaciones desde abril del 2018 al mismo mes de este año, paquete equivalente a unos 350 millones de dólares. En lo que va del año ya se colocaron u$s 1577 millones en bonos del Programa Gas Natural, estímulo a la producción instrumentado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Hay más.

En lo que va del año se desembolsaron $ 27.840 millones para subvencionar el gas no convencional de Vaca Muerta, programa que aún tiene un par de años más de vigencia.

En el ámbito político se acuño la idea de que desarrollar el megayacimiento es una cuestión de Estado y los candidatos con chances la conciben como un proyecto de doble beneficio: sustituir importaciones y aspirar dólares por exportaciones.

Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández coinciden en esta idea fuerza, y el predilecto de las PASO tiene equipos trabajando en un nuevo marco legal que anime a los inversores. La propuesta, diseñada bajo el comando de Guillermo Nielsen, les ofrece desde garantías para litigar contra el país en el exterior a la posibilidad de no liquidar divisas.

El gran tema es cómo desarrollar la infraestructura necesaria para llevar ese gas al puerto. La zozobra política y económica freezó el llamado a licitación para tender un gasoducto parcialmente financiado con fondos de Ansés. Las transportadoras TGN y TGS, involucradas en el proyecto, ruegan al cielo que un nuevo gobierno convalide la fórmula de contratos a largo plazo en dólares y apoyatura estatal.

Conseguir financiamiento a costo razonable no sólo es una proeza para el fisco. Hay inversores privados con iniciativas congeladas tanto para desarrollos de energía renovable como para el cierre de ciclos combinados. Por el mismo escollo también quedará para la próxima administración la licitación para líneas de transporte eléctrico por el sistema de Participación Público Privado (PPP), aunque esté previsto recibir ofertas el próximo 12 de noviembre.

En la tribuna patronal, sin embargo, descuentan que en algún momento el cielo despejará. El reciente préstamo por de u$s 450 millones que la Opic, brazo financiero del gobierno de Estados Unidos, le otorgó a Vista&Oil, sumado al apoyo a proyectos verdes, sería un buen indicio en ese sentido. La excepción puede convertirse en la regla, en particular cuando estén claras las pautas para el sector en los próximos años.

La nueva gestión deberá laudar en la natural competencia de renovables y combustibles fósiles y formalizar o no la construcción de una nueva usina nuclear con uranio enriquecido que se prevé contratar a China, tecnología dominante en el mundo pero que algunos técnicos locales allegados a Alberto Fernández objetan. Otra definición pendiente desde hace más de cuatro años que formará parte del acervo macrista.