Un conflicto de poderes y más grieta política, con el dólar como telón de fondo

El presidente Alberto Fernández se metió en un brete en el momento en el que se convenció de que una expropiación podía ser el camino más adecuado para rescatar a la empresa Vicentin. Su principal problema es la justificación: el discurso que utiliza el Gobierno la presente como una empresa en problemas que recibirá un salvataje del Estado. Pero en paralelo, el Ejecutivo afirma que esta medida no es trasladable a otras compañías en crisis. Queda claro entonces que lo que busca el oficialismo es un camino para participar en un sector que considera estratégico, abriendo paso así a cuestionamientos de otra naturaleza.

Si el sector empresario salió con voz firme a criticar el anuncio oficial, es porque sabe que hay otros caminos intermedios para ayudar a una empresa. Esa misma fue la respuesta que le dio uno de los accionistas de Vicentin al primer mandatario, cuando lo contactó por teléfono para tratar de que habilite el acceso de los interventores a la compañía.

Para los privados, la operación tiene varias incongruencias. La principal es que se superpone a la vía abierta por la empresa, que es el concurso de acreedores habilitado por la Justicia. Este paso puede activar un conflicto de poderes, y lejos de subsanar la situación de la empresa santafesina, podría agravarla. Por lo pronto, los dueños de Vicentin le han pedido al juez interviniente que se pronuncie sobre el alcance de la intervención dispuesta por el Estado.

En paralelo, también se plantea que la expropiación de una empresa no puede estar sujeta a la voluntad del poder político. Tienen que demostrarse las razones por las que se la declarará de "utilidad pública" y tiene que existir un resarcimiento para el propietario. Esa línea argumental todavía es borrosa, y de hecho todavía no trascendió ninguno de los fundamentos que propuso la senadora Anabel Fernández Sagasti al recomendar este camino al Presidente.

El Gobierno se enfrenta ahora a la posibilidad de que no se avance en ninguno de los frentes. Si la Justicia no convalida la intervención, deberá apelar la decisión y aguardar que alguna instancia avale el DNU. En paralelo, las manifestaciones contrarias a la expropiación pueden debilitar el respaldo que esperaba conseguir el oficialismo en el Congreso, sobre todo de bloques aliados vinculados a las provincias.

¿Por qué razón tomó este camino sin tener un piso de certezas? Alberto Fernández prefirió que fuese mantenido en secreto, y por lo tanto, cerró el nivel de consultas. Matías Kulfas, uno de los que debió encaminar la parte operativa de la decisión, reveló que esperaban que el control del Estado de Vicentin le diera un "comportamiento más previsible al mercado de cambios". Ese es el sentido neurálgico de esta azarosa movida: una apuesta que gira en torno al dólar.

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