La campaña electoral sirvió para actualizar la discusión de varios conceptos económicos que suelen trastornar a la sociedad. Y aunque en el cruce de opiniones que protagonizan los candidatos esos conceptos vienen acompañados de una natural lectura política, lo saludable es darse cuenta que tienen un vaso comunicante que los pone más cerca de lo que parece. Más tarde o más temprano, todos terminamos dando vuelta alrededor del mismo dilema: el tamaño del Estado.
Los principales referentes opositores reinstalaron la cuestión impositiva como tema de campaña. Empujados por los liberales José Luis Espert y Javier Milei, los representantes de Juntos por el Cambio actualizaron la necesidad de avanzar en reducciones de impuestos como una asignatura deseable. El economista Ricardo López Murphy llamó incluso a sellar un compromiso ciudadano en contra de la creación de nuevos tributos.
El deseo de bajar impuestos es la contracara de la presión fiscal récord que tiene la Argentina. Y si con todos los gravámenes que percibe el Estado, su presupuesto es deficitario, el problema no es solo la evasión sino la enorme dimensión de ese gasto.
Por impulso del Frente de Todos, el otro gran tema abordado en la campaña fue la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. La crítica la califica como una "deuda insostenible", lo cual en el fondo no deja de ser un avance, ya que en los hechos equivale a asumir que también había un gasto insostenible.
El equipo de Macri usó una estrategia distinta para financiar al Estado. Reemplazó la emisión del Banco Central (que llegó a cubrir casi 90% del déficit en el final de la gestión de Cristina Kirchner) por endeudamiento privado en dólares.Su error fue un exceso de confianza en su propia planificación política, asumiendo que los dólares que entraron (atraídos por una tasa de interés real) no iban a querer salir en algún momento. Cuando en 2018 se generó el regreso de los capitales globales a EE.UU, provocando una crisis de confianza local, la única alternativa rápida para financiarse fue el FMI. Sus dólares fueron a cubrir vencimientos de deuda, que a su vez financiaban un gasto que bajó muy lentamente (excepto en 2019).
El gobierno de Alberto Fernández hoy tiene que hacerse cargo de refinanciar esa deuda, y para eso pide un plan de pagos "sostenible". Pero más allá de la voluntad del Fondo de concederlo, para conseguirlo también tiene que obtener recursos legítimos para pagar esa deuda. En números redondos, la presión fiscal se acerca a 35% del PBI y el tamaño del Estado representa casi 50% del PBI. Esa brecha es el problema real: si no la cubre el Fondo o el BCRA, la única salida viable es acercar el gasto a los recursos disponibles. Ni más ni menos.
