Telefonía celular: sin competencia efectiva, la convergencia se convierte en oligopolio

Proyecto de Ley Fomento y Despliegue de Infraestructura y Competencia TICS

La convergencia en el mercado de servicios de comunicaciones es la forma más inteligente de abastecer las necesidades de nuestra población en materia de dar soluciones en el ámbito productivo,  social, educacional y del entretenimiento. Desde el sector de las telecomunicaciones  expresamos que la convergencia y la competencia deben ser totales en todo el territorio y en toda la gama de servicios existentes o por existir.

La convergencia debe estar acompañada por una competencia efectiva. Sin competencia efectiva en el sector, la convergencia se convierte en oligopolio, dejando presa a nuestra población de la voracidad rentística de las empresas y eliminando por completo la capacidad de inversión, iniciativa y desarrollo. Por lo tanto, para que la convergencia se desarrolle adecuadamente, debe estar asentada sobre leyes y su respectiva reglamentación en forma absoluta y decididamente procompetitiva para el bien de todos los argentinos.

Para lograr una competencia efectiva en cada región, las empresas regionales de comunicaciones que conocen al detalle las necesidades de sus clientes y las tecnologías apropiadas según la geografía, resultan el factor esencial; y el gobierno debe brindar las condiciones necesarias para canalizar las inversiones genuinas en infraestructura de dichas empresas.

En este sentido, el Gobierno ha dado un gran paso en el 2017 a través del decreto 1340/17 entusiasmando el desarrollo de empresas regionales para competir con los grandes operadores móviles instalados, en gran parte continuadores del monopolio estatal de Entel, y que no han generado en casi 40 años un modelo de competencia efectiva.

No hace falta abundar en detalles para que todos los que accedemos a un servicio móvil sepamos que no hay competencia efectiva entre las compañías móviles y que estamos a merced de un oligopolio donde la calidad y precio a pagar por los servicios móviles se definen en una mesa chica. Es clara la necesidad de una efectiva competencia en el sector.

Así es, por ejemplo, muy importante lo que pudiera hacer ARSAT con las frecuencias asignadas, tema que hoy es un enigma. Si en lugar de licitar dichas frecuencias con criterio recaudatorio de única vez,  pudiera cumplir con los objetivos estratégicos delineados por esta administración hace sólo un año,  generaría competencia efectiva, en lugar de consolidar un oligopolio que luego resultará incontrolable para la propia autoridad de aplicación.

El decreto 1340 del 2017 muestra el camino correcto en torno a este tema, permitiendo la permuta de frecuencias fijas por frecuencias móviles, y además el pago por utilización de esas frecuencias por uso y no a través de un proceso licitatorio de cobertura nacional que sólo  permitiría que se presentaran los actuales miembros del oligopolio.

Por otra parte, el decreto establece que aquellas compañías que estén excedidas en el cap, deberán devolver dicho espectro y ponerlo a disposición del estado que así podrá generar la capacidad de competencia efectiva de todos los actores regionales que estén dispuestos a invertir en sus zonas de cobertura. Esto a la vez, generará una explosión de inversiones que permitirá abastecer una demanda insatisfecha y escasa.

Las empresas regionales generarían así una evolución exponencial de calidad y cantidad de servicios en competencia, propiciando un espiral ascendente económico, de calidad y variedad.

Argentina es un país extenso y con poca población. Su aparato productivo, su nivel educativo, su salud y su bienestar social dependen en gran medida de nunca dejar el manejo de las comunicaciones en manos de un oligopolio.

Estamos a favor de la convergencia; a favor de que todos los operadores provean todos los servicios en todo el territorio nacional; a favor de la utilización de la infraestructura instalada para ser utilizada por empresas TIC, sea infraestructura privada, estatal, provincial o municipal y estamos a favor de la intervención del Estado a través de los fondos del Servicio Universal, para que todos los argentinos tengamos comunicaciones dignas, asignando dichos recursos pagados por todo el mercado, para que el desarrollo de la alta tecnología esté presente en cada rincón de nuestro país.
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