Subsidiar a las petroleras sin morir en el intento

El esfuerzo del Gobierno por diseñar el cuarto plan de estímulo a la producción de gas es tan claro como rotunda la incertidumbre sobre la suerte de ese nuevo esquema, atado a un dólar que no encuentra techo. El PG4, síntesis en la jerga, amenaza con forzar una suba de tarifas más allá de la decisión política de contenerlas y eventualmente podría dejar afuera a un productor estrella de Vaca Muerta.

El dilema técnico político se reedita desde que Cristina Kirchner fue presidenta, con Axel Kicillof como ministro de Economía: cómo garantizarles a las petroleras una remuneración en moneda dura que los empuje a invertir evitando que esa estrategia impulse las tarifas de un servicio público esencial hasta inviabilizarlas.

Desde el primer programa, diseñado en 2013, hasta que el se anunció en estos días sin tener aún el decreto publicado en el Boletín Oficial, esa tensión intentó resolverse con subsidios que se pagan bajo condiciones más o menos ventajosas para los productores, que no se cansan de destacar que esa ayuda estatal en realidad es para los consumidores.

Parecen eficaces, ya que desde 2014 la producción fue creciendo exclusivamente al aliento de las distintas formas de subvención, hasta la caída de este año.

El sistema tiene ciertas complejidades técnicas, pero incluye la promesa oficial de liquidar la subvención mensualmente, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. El gas representa algo más de un tercio del valor de las facturas, pero hoy está calculado sobre un tipo de cambio de $ 41 por dólar. Todo sugiere que ésto debería cambiar de inmediato con el nuevo plan, que el Gobierno pretende estrenar en noviembre.

Los 70 millones de metros cúbicos por día para las distribuidoras y la generación eléctrica bajo programa se subastarán con un valor tope de 3,7 dólares el millón de BTU. De las ofertas finalmente aceptadas surgirá un precio promedio, seguramente más alto que el que el Gobierno admitirá pasar a las tarifas. La brecha entre estos dos valores definirá el subsidio, que debería liquidarse al tipo de cambio del momento.

Acá se genera un cálculo incierto. Ese gas del futuro sería más barato que el actual en dólares, pero expresado a un tipo de cambio oficial que hoy ya se ubica en $ 77,6 por dólar, casi el doble que el que se está utilizando en la liquidación del momento. Esto podría impulsar las tarifas más allá de la decisión oficial de contenerlas fijas hasta fin de año. Al menos es un riesgo cierto, como otros varios surgidos con esta iniciativa.

El Gobierno trabaja en nuevos cuadros tarifarios con una segmentación que distinga a quienes pueden pagar de quienes no. Las proyectadas subas serán afrontadas por unos usuarios, al tiempo que otros quedarían protegidos en una especie de tarifa social ampliada, a reformular sobre bases de datos oficiales como el que utiliza ANSeS para planes sociales.

Pero Energía sabe que no puede aplicar nuevos cuadros tarifarios sin previa audiencia pública. Como tampoco puede fijar por decreto el precio del gas que se inyecta al sistema sin quedar en offside respecto al marco regulatorio del sector. Para ésto previó las subastas y para lo otro podría avanzar con tarifas de transición.

El Enargas recomienda barajar y dar de nuevo con todos los contratos de transportistas y distribuidores, a través de nuevas revisiones tarifarias integrales, ya que las que se habrían hecho bajo la administración macrista a juicio de Federico Bernal, titular del organismo, adolescerían de fallas letales. Pero esa tarea lleva tiempo para urticantes discusiones con las empresas involucradas y entre los propios funcionarios aventurados a poner la lupa sobre los negocios privados e intentar reformularlos.

Hasta fin del año que viene el Plan Gas 4 conviviría con el régimen creado por la resolución 46 en la gestión de Mauricio Macri, que sólo amparó al gas no convencional como una palanca fundamentalmente para Vaca Muerta. Con ese respaldo Tecpetrol aumentó la producción de modo notorio, duplicando su proyección original. Pero ante la escasez de fondos el gobierno decidió limitar ese beneficio a la previsión de origen (8,5 millones de metros cúbicos) y la firma respondió con un juicio aún no resuelto.

Un pleito contra el Estado siempre puede ser una poderosa herramienta de negociación futura, más allá de si se cobra o no. Para que el productor descollante del yacimiento neuquino pueda sumarse al cuarto plan de subsidios, debería renunciar a esa pretendida indemnización y a las propias ventajas de la resolución que fundó el régimen macrista. O "plan 3", por orden de aparición en la escena.

La pulseada está abierta e implica riesgo para ambas partes, habida cuenta que la petrolera llegó a producir más de 17 millones de metros cúbicos/día desde Fortín de Piedra, volumen interesante con el que competir en las subastas y ayudar a que el precio que resulte de ella sea más bajo. No es intención del gobierno espantarla. Pero nadie en el gobierno querría otorgar un beneficio especial al holding de los Rocca.

La empresa está aferrada a disfrutar un año más de la resolución 46, a priori mucho más ventajosa. El subsidio por millón de BTU el año que viene promediaría los 3 dólares mientras que en el Plan Gas 4 podría ubicarse en poco más de 1. La cuenta sin embargo no es tan obvia porque "pertenecer tiene sus privilegios", como reza el recordado slogan de una antigua publicidad de una tarjeta de crédito: el que esté dentro del nuevo programa tendrá prioridad para exportar, crema del negocio a mediano plazo.

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