Opinión

Sin espacio para el populismo fiscal

El 25 de octubre de 2022, apenas un mes y medio después de su asunción, renunció Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. El abrupto final estuvo marcado por decisiones en materia económica, en particular reducciones de impuestos basadas en promesas de campaña que el mercado financiero leyó como insostenibles y generaron un desplome de la moneda nacional. La lección se vuelve de suma importancia para nuestro país, ya que camino a las elecciones presidenciales escuchamos muchas propuestas que buscan endulzar oídos pero que difícilmente puedan implementarse. Modificar las condiciones materiales no es sólo una cuestión de voluntad.

En materia fiscal, este año es un claro ejemplo de las dificultades de alcanzar rápidamente el equilibrio. Durante el primer semestre el gasto cayó en términos reales, con recortes sobre las prestaciones sociales, las transferencias a las provincias y los subsidios económicos. Sin embargo, dado que los ingresos se redujeron en una proporción aun mayor, el déficit creció hasta 1,1% del PBI versus un punto en igual periodo del 2022. La diferencia se vuelve más notoria dado que durante 2022, en esos meses el gasto aumentaba en términos reales.

Una de las claves de la dinámica fiscal radica en la menor recaudación por retenciones, que se contrajeron 59% en términos reales durante el primer semestre. Así, la sequía golpeó en tres flancos distintos a nuestra economía: por el lado de menores ingresos fiscales, por la reducción en la oferta de dólares y por la caída en el nivel de actividad. Para compensar el impacto sobre las cuentas públicas el gobierno debiera haber actuado procíclicamente, extendiendo el menor nivel de producción del agro al resto de los sectores. En otras palabras, hubiese sido necesario profundizar el ajuste sobre el gasto.

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Ese es el camino que pide el FMI para lo que resta del año. En el entendimiento al que llegó Massa la meta fiscal se mantiene inalterada, con un déficit primario de 1,9% del PBI a diciembre. El objetivo es muy ambicioso: para dimensionar, en 2022 fue 2,3% y, como mencionamos antes, el acumulado a junio resultó inferior al de este año. El único aliciente es el comportamiento que suele producirse cuando hay cambios de gobierno: es habitual que los pagos a proveedores del estado, la ejecución de obra pública y las transferencias a provincias se frenen fuertemente en los últimos dos meses del año. Una dinámica que, por ejemplo, ya se produjo en 2019.

Estos meses demostraron que reducir el déficit primario junto con una menor recaudación resulta casi una quimera. Por eso, más allá de como lleguemos a diciembre, es importante ser realistas frente a los grados de libertad con que va a contar el próximo gobierno en materia fiscal. Para ejemplificar, en 2018 en medio del acuerdo con el FMI el gobierno de Juntos por el Cambio repuso las retenciones al maíz, el trigo y girasol, después de haberlas eliminado al comienzo de su gestión. Y extendió las retenciones a las exportaciones sobre los servicios. Eso, entre otras cosas, contribuyó a a llevar el déficit primario al 0,4% del PBI en 2019, el más bajo en nueve años, cumpliendo con la meta acordada con el organismo multilateral.

Ahora bien, a los condicionamientos para evitar el desfinanciamiento del estado y profundizar la crisis también hay que sumar los políticos. Ir hacia una estructura tributaria más eficiente y progresiva implica sentar en la mesa de discusión a los gobiernos subnacionales. Las provincias y los municipios son agentes de recaudación, a través del cobro de impuestos y tasas. Siendo, en el primer caso, su principal fuente de ingresos propios el impuesto a los ingresos brutos, un tributo claramente distorsivo. Al mismo tiempo, las administraciones subnacionales reciben de forma directa e indirecta una parte de la recaudación de impuestos que lleva adelante el estado nacional. En este punto es interesante señalar que desde el 2018 las provincias son fiscalmente superavitarias en el consolidado, una situación opuesta a la de la Nación.

El consenso respecto a la necesidad de modificar la estructura tributaria es muy amplio. Lo plantean candidatos de izquierda, de centro y de derecha. Hacerlo no es más ni menos que cambiar la organización económica del país. De ahí se entiende su dificultad, la multiplicidad de intereses y la falta de respuesta de las distintas gestiones generó un nudo difícil de desarmar. Sobre todo en medio de una crisis. Por eso, está bien que los candidatos señalen un norte pero falta que expliquen cómo se llegará, porque al final siempre estamos volviendo de donde partimos.

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