¿Será Argentina la nueva Venezuela de América del Sur?

Recuerdo mis primeros años en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires allá por los años ochenta: era la etapa fundacional de la democracia en nuestro país, y en las aulas de las diferentes sedes por las que atravesamos nuestros años de estudiante un tema de debate era la transición democrática y las condiciones para garantizar un cambio pacífico de régimen político, del autoritarismo a la democracia.

En ese contexto, aparecía el modelo de Venezuela: una transición resultado del acuerdo estratégico entre las élites políticas (el célebre Pacto de Punto Fijo), una inusual disponibilidad para la cooperación por parte de los líderes políticos y un alto grado de aceptación de ese compromiso político por parte de las élites no-políticas (grupos empresariales, iglesia, organizaciones sindicales, fuerzas armadas) eran motivo de estudio y admiración intelectual.

Casi cuatro décadas después, Venezuela aparece como inevitable referencia, pero no por su condición de paradigma democrático sino por una crisis cuasi terminal con diferentes expresiones en lo económico, social, político y humanitario solo para mencionar algunas dimensiones de la grave situación que atraviesa el pueblo hermano.

La crisis del país caribeño ha tenido fuerte impacto en el debate político de nuestro país, en la medida en que dio origen a dos visiones abiertamente en conflicto, como parte del conflicto o “grieta que divide a la sociedad argentina: por una parte una visión en clave liberal-republicana que define la crisis como resultado de las políticas públicas llevadas a cabo por un régimen que no dudan en calificar como una abierta dictadura y quienes la sostienen se manifiestan  partidarios de una salida democrática, que no excluye una intervención militar internacional, como punto de partida; por otra parte, una mirada en un registro de carácter nacional-popular, si bien con una posición moderada y/o ambiguamente crítica respecto del funcionamiento del régimen, tiende a poner el acento en la intervención externa (más bien en la de los Estados Unidos que la de otros actores como China, Rusia o Cuba) como un factor explicativo de la grave crisis que vive la nación venezolana, mostrándose partidarios de una salida negociada entre las partes venezolanas en conflicto.

Otro eje de la discusión es aquel que supone plantear que nuestro país tiene (o no) destino de convertirse en la próxima Venezuela en la subregión. Voy a señalar a continuación algunos límites a esa posibilidad.

Si bien es cierto que Venezuela forma parte de la fantasía de sectores radicalizados de la política argentina (por dentro y por fuera del oficialista Frente de Todos) tres parecen ser los obstáculos para su concreción: el primero de carácter geopolítico, el segundo relacionado con la fuente de financiación del aparato estatal y el tercero con el rol del ejército.

Respecto del primer factor, el conflicto en Venezuela adquiere relevancia en la medida en que el mismo se encuentra internacionalizado siendo el país objeto de una fuerte disputa entre por lo menos cuatro grandes actores externos: Estados Unidos, quien aspira a preservar su alicaída influencia geopolítica en la región, China y Rusia en el marco de una política de intercambio de financiación externa el primero y provisión de armamentos el segundo por acceso a recursos básicos (petróleo, oro entre otros), y Cuba con especial interés en preservar el control de la estructura de inteligencia en las fuerzas armadas venezolanas.

En segundo lugar, el estado venezolano dispone de una fuente de generación de ingresos, el petróleo, si bien el negocio se encuentra en medio de una muy severa crisis con caídas catastróficas en los niveles de producción. Asistimos de hecho a una suerte de privatización del negocio petrolero con Rusia como principal accionista, dentro y fuera del territorio venezolano. La representación de PDVSA en Moscú sería una verdadera afrenta para el padre de la teoría de las relaciones carnales en nuestro país, Guido Di Tella. La crisis del negocio petrolero como consecuencia de la crisis sanitaria hace difícil pensar en negocios como Vaca Muerta como fuente, en el corto y mediano plazo, de financiación de una alternativa bolivariana en nuestro país.

Finalmente, un ejército politizado y cooptado a través de la participación en negocios públicos y privados, legales e ilegales, ha asegurado hasta la fecha una relativamente sólida base de sustentación al régimen que encabeza Nicolás Maduro. A partir de la década del 90, las fuerzas armadas en nuestro país han adoptado un rol profesional y prescindente en materia política, fracasando los intentos politización de las mismas, como por ejemplo el encabezado por el general César Milani durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Es imposible el sueño venezolano de algunos sectores radicalizados de la política argentina? No parece imposible, parece difícil.

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