Se necesita alcanzar acuerdos para gobernar sin mayoría parlamentaria

El debate en torno a la ley impositiva bonaerense enfrentó al gobernador Axel Kicillof con la realidad que tuvo que afrontar su antecesora en el cargo: la necesidad de apelar a la negociación política para destrabar la aprobación de sus proyectos. Una práctica que el kirchnerismo casi no requirió a nivel nacional cuando él se desempeñaba como ministro de Economía de Cristina Kirchner, pero que durante los últimos cuatro años fue moneda corriente para Cambiemos y objeto de convivencia parlamentaria con el massismo para los legisladores que respondían a María Eugenia Vidal.

Y es que gobernar sin mayoría parlamentaria requiere de alcanzar consensos, a veces con más dificultades que otras, tanto con la oposición como con los propios aliados. En el caso de la ley de emergencia en el territorio bonaerense, la aprobación llegó casi con la misma celeridad que fue aprobado el proyecto a nivel nacional. Pero a la hora de establecer un incremento de hasta el 75% en los impuestos, era esperable que la aprobación no surgiera sin un debate más profundo, fundamentalmente tras los aumentos tributarios dispuestos por la administración nacional.

Los analistas observan que luego de la actualización de retenciones y la aprobación de la ley solidaria que dispone un incremento de las alícuotas Bienes Personales, más el nuevo impuesto a la compra y operaciones en moneda extranjera, y la suspensión del pacto fiscal que implica -como ya muestra el caso de Santa Fe- la posibilidad de incrementar Ingresos Brutos; hay un "efecto cascada" en los contribuyentes que la provincia de Buenos Aires no está teniendo en cuenta.

Sobre todo concentrar en el impuesto Inmobiliario el aumento de la carga tributaria, ya que si bien es cierto que el incremento máximo propuesto no alcanza a la mayoría de los bonaerenses, también lo es que los ingresos de la población no mejoraron en la misma proporción que subió la inflación. De hecho, los cuentapropistas han padecido la caída de la actividad y el consumo, mientras que la pérdida de poder adquisitivo del salario y las jubilaciones es una de las cargas que arrastra la sociedad en tiempos de crisis.

Pero así como los gobernadores de Juntos por el Cambio empujaron a sus legisladores para la aprobación de la ley de Solidaridad que terminó de reglamentarse este fin de semana, Kicillof intentó jugar ayer la misma carta para avanzar con la ley provincial y advirtió a los intendentes sobre las consecuencias económicas que podría acarrear el rechazo de un proyecto que tiene como eje principal el aumento del Inmobiliario Rural, tras un año de cuentas flacas y con la proyección de una inflación elevada para 2020. Basta con mirar los números: en los primeros once meses del año las transferencias a los 135 municipios alcanzaron los $ 111.415 millones (tres de cada cuatro pesos corresponden a la Coparticipación). La cifra implica un incremento del 34,53%, respecto de los $ 82.817 millones que se giraron el año pasado, es decir 17 puntos menos que la inflación registrada por el Indec en el GBA los últimos doce meses.

En concepto de descentralización administrativa tributaria, las transferencias alcanzaron los $ 3605 millones, de los cuales un 78,55% corresponden al Inmobiliario Rural. La posibilidad de su incremento no está en discusión por la oposición. Pero sí los guarismos que se manejan y el peso que tendrán sobre los contribuyentes.

Las carencias son múltiples y la necesidad de alcanzar acuerdos, imprescindible.

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