El proceso de discusión de las reformas estructurales que abrió el Gobierno tiene varias etapas, que comienzan en lo técnico y terminan en lo político. Pero hay una instancia esencial que tomará forma una vez que la negociación cobre vuelo. Se trata del momento en el que hay que definir qué aspectos de cada uno de esos proyectos puede ser considerado “sacrificable” y cuáles no.
El Poder Ejecutivo, por ser quien resuelve el contenido y profundidad de cada texto, es quien primero calibra esta instancia. Y lo hace poniendo sobre la mesa cartas que solo tienen un propósito: ser retiradas en el toma y daca de la negociación.
Domingo Cavallo, en sus primeros años de ministro de Carlos Menem, aprendió rápido a usar esta estrategia: incluía en el presupuesto de turno el pedido de “superpoderes” para asignar fondos solo porque sabía que el Congreso iba a pedir su exclusión. Ese era el momento de obtener el consenso de los legisladores para los artículos que en verdad consideraba relevantes.
Más cerca en nuestro tiempo, Donald Trump se volvió un gran exponente de este formato, pero en su versión más “hard”: primero golpea, y después ofrece la tregua. No es un camino que pude usar cualquiera, ya que el poderío militar y político de Estados Unidos sensibiliza a casi cualquier país.
En el caso que nos toca, el objeto de las leyes en discusión no permite replicar la misma táctica. La reforma tributaria apunta a bajar impuestos distorsivos y a compensar su impacto con otros que consigan una mejor recaudación. Es un juego que en el mejor de los casos tiene que dar suma cero, aunque no sea lo mismo para todas las provincias.
La compensación en estas situaciones suele ser externa. Raúl Alfonsín, por ejemplo, consiguió apoyos críticos en el Senado durante su gobierno (donde estaba en minoría), prorrogando la promoción industrial para La Rioja (entonces gobernada por Carlos Menem), Catamarca, San Luis y San Juan.
En estas horas, el catamarqueño Raúl Jalil está cerca de obtener algo parecido: el Ejecutivo le concederá la presidencia de la minera Yacimientos Minerales Agua de Dionisio (YMAD), compañía estatal que entre otras actividades comparte la explotación de oro y cobre del yacimiento Bajo la Alumbrera.
La reforma laboral, en cambio, tiene una lógica de negociación más del estilo “toma y daca”. Julio Cordero, el secretario de Trabajo, siempre dijo que “entra todo” en esa discusión. Pero saldrá aquello que la CGT y los aliados del Congreso convaliden. El Gobierno ha dejado que resuenen tópicos que no le resultan relevantes, como el resurgimiento de los ticket canasta (en su versión más actual de vouchers. de supermercados). Y asume que puede “consensuar” cuestiones que afecten la caja de los gremios.
Sus “no sacrificables” son la prevalencia de los convenios de empresa (o en su defecto habilitar de una manera directa los convenios regionales o para pymes), la facultad de habilitar la creación de empleo con menores cargas sociales y bajar el costo de las indemnizaciones. El resto se irá hablando.
