En los últimos tiempos se escuchan, leen y discuten distintas propuestas de reformas tributarias. Quien escribe estas líneas ha ido sugiriendo posibles cambios que pueden resumirse en tres grandes grupos.
Propuestas destinadas a considerar los nefastos efectos de la inflación: reimplantar el ajuste por inflación para los sujetos empresa; actualizar la escala progresiva de alícuotas para las personas físicas; y actualizar todas las deducciones que han quedado a valores históricos irrisorios.
Propuestas destinadas a eliminar impuestos distorsivos: eliminar los derechos de exportación (retenciones); el impuesto a la ganancia mínima presunta; el gravamen a los débitos y créditos bancarios (cheque) a nivel Nacional. A nivel provincial eliminar el impuesto de sellos y readecuar las tasas máximas del impuesto sobre los ingresos brutos. A su vez, los Municipios deben abstenerse de cobrar tasas inconstitucionales donde no media prestación efectiva de servicio a contribuyentes radicados en su jurisdicción.
Propuestas orientadas a eliminar los excesivos créditos fiscales a nivel Nacional, Provincial y Municipal: esto es lo que denominamos la tarjeta de crédito Fiscal; es decir, los nocivos mecanismos que convierten a las empresas en recaudadores sin esfuerzo del Fisco, por medio de: No devolución automática del crédito fiscal IVA que corresponde a los exportadores; creación de mecanismos de retención a nivel provincial ajenos a la realidad de los negocios que generan una doble tributación; parecidas medidas a nivel municipal.
Todas estas propuestas, es sabido, en un primer período que puede estimarse en un año provocarán una merma en los ingresos fiscales; dicha pérdida debería empalmarse con una correlativa baja en el gasto público superfluo.
El beneficio será liberar las fuerzas productivas del país, que con menor intervención estatal generarán rápidamente una mayor riqueza provocando un considerable aumento en el PIB.
Aun si estas ideas se pusieran en práctica, a juicio de quien comenta, probablemente podrían fracasar de no mediar un importante apoyo de las entidades profesionales que abarcan tanto a abogados como a contadores públicos y economistas; dicho de otro modo a los profesionales que lidian con los tributos.
Parafraseando a Samuel Gregg ( Un análisis moral y económico de la economía de mercado), los intelectuales y profesionales tienen una tremenda responsabilidad, sobre todo por el daño que otros académicos facilitan al prescribir otro conjunto de soluciones colectivistas o corporativistas a problemas económicos o por seguir respaldando órdenes que resultan indefendibles por sus efectos limitados sobre la pobreza, sus indebidas restricciones a la libertad humana y su constante estímulo de facto al despotismo blando.
