La tensión entre el Gobierno, los gremios y el empresariado vuelve a ocupar el centro de la escena cada vez que la puja distributiva se reactiva en la Argentina. Sin embargo, el escenario actual exhibe una particularidad: el conflicto muestra tres posiciones contrapuestas.
La CGT decidió abandonar el entendimiento que parecía haber alcanzado con el oficialismo en torno a la preservación de los aportes sindicales y a obras sociales dentro del proyecto de reforma laboral.
Incluso después de que el Gobierno diera marcha atrás con el controvertido artículo sobre licencias médicas, la central obrera optó por escalar el conflicto con un paro general y denuncias por destrucción de puestos de trabajo asociada a la política económica.
Del lado empresario, convive el apoyo a la reforma con una creciente inquietud por la dinámica de la economía real y el clima de confrontación entre la Casa Rosada y referentes del denominado “Círculo Rojo”.
Lo que comenzó como un cruce puntual con Techint por la licitación de un gasoducto se amplificó con el cierre de la planta de FATE, interpretado por el Gobierno como un gesto político en su contra, pese a que la empresa lo atribuyó, entre otros factores, al daño que le ocasionaron los múltiples paros en el sector, la importación de neumáticos chinos y la caída del consumo..
En este último punto aparece una diferencia sustancial entre parte del empresariado y una política oficial que se sostiene en la preservación del superávit fiscal, pero apoyada, básicamente, en un fuerte recorte del gasto y del empleo público, ya que la recaudación no muestra aún una expansión significativa, lo que deja un margen cada vez más estrecho. En enero, el superávit financiero apenas alcanzó el 0,1% del PIB, según informó el Ministerio de Economía.
Los datos oficiales mostraron también que la inflación siguió durante enero en una lenta pero progresiva suba, en contraste con una actividad que se redujo en algunos sectores. Particularmente los industriales, cuyo uso de la capacidad instalada cayó a su peor registro en casi dos años.
Por ello la UIA pretende que el ministro de Economía, Luis Caputo, aplique un plan que estimule el consumo interno y ayude a los sectores más afectados, en particular a las pymes. La lógica es conocida: sin consumo no hay producción; sin producción, se deterioran empleo y salarios; y sin ingresos, el consumo vuelve a resentirse, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria. El riesgo es ingresar en una dinámica contractiva difícil de revertir.
El desafío para el Gobierno es que la reforma laboral contribuya a mejorar la competitividad, crear empleo y que el dinamismo que hoy muestran sectores como energía, minería, economía del conocimiento y servicios financieros, alcance al entramado productivo tradicional. El empleo privado no crece desde hace más de una década. El tiempo dirá si en esta gestión comienza a hacerlo.
