Reaparece un discurso conocido: el Estado manda, las empresas acatan

Los que miran desde afuera toda la discusión de la reforma judicial, no terminan de entender qué mueve al Ejecutivo a avanzar en este momento de la Argentina con esta iniciativa. Está claro que hay un interés político fuerte por reformular el funcionamiento del fuero federal, que básicamente se ocupa de juzgar todo lo que hacen el Estado y sus funcionarios.

También es fácil asociar esta movida con los juicios que están en marcha contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de los hombres que la acompañaron en su gestión. La enumeración de factores que puede justificar cambios en la vida judicial puede continuar. La respuesta que no va a estar en esa lista es por qué ahora, cuando el Congreso funciona a medias y la pandemia genera una enorme lista de prioridades.

El proyecto de ley tuvo un trabajo de discusión puertas adentro durante todos estos meses. Pero prácticamente no hubo margen de debate hacia afuera. Ni las instituciones o entidades ligadas a la vida del Poder Judicial ni los legisladores de la oposición llegaron a exponer su parecer en profundidad en el Senado, cámara que está dispuesta a darle media sanción sin demasiada vuelta.

La reforma judicial fue una iniciativa que de alguna manera rompió un hielo. Es una ley de sesgo político que el Gobierno se propuso aprobar, sin importar que su sanción se convierta en un factor de división. Marca, a la vez, la preminencia que ganó la opinión de la vicepresidenta. Pero otros cambios operados en los últimos días revelaron que el peso de su voz no llega solo a la política judicial.

La energía era un sector en el que habían ganado peso muchos funcionarios alineados con el kirchnerismo, y la salida de Sergio Lanziani potenció esa perspectiva. Hasta el momento las empresas del sector apelaban a Matías Kulfas como interlocutor, un moderado que responde directamente a Alberto Fernández. El nuevo secretario, Darío Martínez, es un diputado neuquino del Frente de Todos que trabajará bajo la órbita de Martín Guzmán. Para las energéticas no será como arrancar de cero, pero casi. El debate se concentrará en menos manos, y es probable que con otras perspectivas.

La tercer movida que encendió más alertas en el mundo empresario es el DNU que declara servicio esencial a la telefonía, internet y la televisión paga. Si la reforma judicial y los cambios en energía marcaban una subordinación de ciertas decisiones a la política, con la última aparecen nuevos parámetros de relación con el mundo empresario. "Se terminó el país de los CEO y los gerentes que dejaban a los empresarios hacer lo que quisieran", dijo ayer el Presidente. Hablaba de Macri, pero le estaba hablando también a los empresarios: sus planes van a tener que tener el visto bueno del Estado. Un mensaje muy claro para tonificar el canje de deuda con inversores privados.

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