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Pensar todo nominal, el efecto más distorsivo del virus de la inflación

En un país en el que la inflación puede pasar, en dos años, de 24% anual a 54% y luego retroceder a 36%, la sociedad pierde la capacidad de analizar este fenómeno bajo parámetros racionales, porque sus 70 años de vigencia han causado una distorsión que a esta altura ya es crónica: los valores nominales han dejado de tener sentido. Así como uno de los síntomas del Covid es la pérdida del gusto, con los saltos de precios pasa algo similar. Las cifras cobran una magnitud extraña, ya que la única vacuna contra este virus que toleran quienes cobran o gastan en pesos es la indexación.

La reforma del Impuesto a las Ganancias que se apresta a discutir el Congreso por iniciativa de Sergio Massa, continúa con esta lógica. Por eso plantea la conveniencia de actualizar la base sobre la que se calcula el pago del gravamen que debe hacer la denominada cuarta categoría (los asalariados), fijando un piso de $ 150.000 brutos, antes de los descuentos jubilatorios y de salud.

Una modificación introducida en 2018 había adoptado un criterio de actualización que archivaba las arbitrariedades que aplicaba el Estado en los años previos, las que llegaron a ser motivo de reclamos sindicales. Desde ese momento no solo se empezaron a ajustar los mínimos, sino también las escalas sobre las que se calculaban las alícuotas de los contribuyentes con ingresos más altos.

Pero con el proyecto de Massa desaparecería un temor que había reintroducido la nominalidad argentina. Cuando el fin de semana se conoció que por efecto de la reciente paritaria bancaria, los ingresantes pasarían a tener en abril sueldos de $ 100.000, muchos se asombraron por la cifra. Pero otros se encargaron de recordar que con ese salto el beneficio quedaría recortado porque entrarían en la zona del Impuesto a las Ganancias.

El nuevo piso de $ 150.000 de salarios brutos diluye esos miedos, que están localizados en un porcentaje relativamente acotado, ya que el ingreso promedio en el sector formal rondaba los $ 60.000 a fines de 2020, mientras que en el sector público se acercaba a $ 86.000. Eso implica que está más pensado para aquellos rubros que (además de los bancarios) tienen ingresos nominales altos, como los petroleros y los camioneros. El proyecto remarca que introducirá un beneficio para 1,2 millones de trabajadoras y jubilados. El año pasado, para tener como referencia, pagaron Ganancias 2,3 millones de contribuyentes.

Como mensaje en un año electoral, sin duda se trata de una iniciativa potente. Su costo fiscal está calculado en $ 40.000 millones, y no tiene como contrapartida un ingreso o un ahorro. Es simplemente gasto. Como si con un déficit fiscal de 6,5% del PBI los millones ya no importaran. En la gran rueda de la nominalidad, le tocará al Banco Central o a la Secretaría de Finanzas conseguir la diferencia.

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