Casi todos los profesionales que atienden a unas 93.000 personas con discapacidad cubiertas por las obras sociales sindicales no han recibido sus honorarios como habitualmente lo hacen. Se trata de maestros especiales, terapistas, kinesiólogos, psicopedagogos, entre otras profesiones, que de manera directa o a través de centros de rehabilitación presentan sus facturas cada mes, a la espera de recibir un pago unos 60 días después, según el increíble funcionamiento "normal" del sistema.

Pero esta vez, un universo muy amplio vio terminarse agosto sin tener ingresos por los servicios prestados en mayo y facturados como mucho a comienzos de junio.

Las denuncias que llegaron a los medios coincidieron con el momento más cortagastos del plan del ministro de Economía, Sergio Massa, que se comprometió a achicar el déficit para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional.

Es más, las quejas se produjeron casi en simultáneo con la publicación de la decisión administrativa 826 que cortó presupuestos para obras en jardines, prevención de enfermedades y compra de notebooks, una medida que el Gobierno salió a explicar que no afectará ningún programa porque se trata de modificaciones presupuestarias sobre erogaciones que ya no se pagarán este año, pero que ameritan un veremos más grande que una casa.

Así también, en la noche del martes, el Palacio de Hacienda publicó dos tuits. El primero, obvio: negó recortes de partidas para las coberturas de discapacidad. Pero el segundo, fue más llamativo: aclaraba que "no es responsable por los atrasos y falta de pago que aducen los prestadores" y enfatizaba que otras áreas serían las encargadas de "dar explicaciones". O sea, no había una respuesta a los reclamos, sino una especie de "yo no fui".

Se supone que hay un ente, la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo del cirujano Daniel López, convocado al cargo por el ex ministro de Salud, Ginés González García, que informa a la Administración Federal de Ingresos Públicos el importe de prestaciones de cada mes, y que el ente impositivo "acopia la recaudación necesaria" (amo la burojerga) y paga.

En esta oportunidad se trataba de un pago de unos $ 9900 millones por el mes. Puede sumar más de $ 60.000 millones al año.

El área de López dijo que fue todo normal y que no había reclamos formales por demoras. La AFIP, en cambio, aseguró que le mandaron la información más tarde de lo común. La Súper advirtió ahora que se estaría regularizando la situación en las próximas dos semanas.

Dato: en la mañana del miércoles conté en la radio que se había abierto la casilla pagosdiscapacidad@sssalud.gob.ar para recibir reclamos puntuales sobre obras sociales que no estuvieran pagando. Dije que me copiaran la queja a mi mail. Al cierre de esta nota, sólo cinco horas después, casi 200 prestadores me habían reenviado sus mensajes de reclamos "urgentes" de pago atrasado más de lo normal.

El gran bonete de los pagos que no llegan a tiempo en un país con inflación de 7% mensual abre preguntas. ¿Es otra expresión del deporte de pisar pagos para que la caja rinda un poco más? ¿O hay demoras porque se trata de fiscalizar mejor en qué se está gastando ahora que la manta está justísima? ¿Se trata de formas de presión de intermediarios del rubro que mienten por servicios que no dan y quieren evitar que el Estado les corte el chorro? ¿Es que las propias obras sociales se quedan con fondos que deberían girar a los prestadores de discapacidad y los destinan a su operación cotidiana en el mejor de los casos?

En última instancia, el interrogante también es cómo procesa un gobierno peronista tener que controlar gastos y conseguir eficiencia ahí donde suele haber bolsillo de payaso. Y también, cómo se explica y quién pone la cara.

A propósito, las obras sociales sindicales están esperando que el Estado les cancele algo de una deuda de $ 50.000 millones que acumula por los reintegros de los tratamientos de alto costo. Depende de una decisión política porque son fondos que salen del Tesoro nacional. Según el periodista Mariano Martín, la discusión quedará para el presupuesto 2023.

Pero son varios frentes que ponen a la salud en la cornisa delicada del ajuste. Ayer había expectativa entre las clínicas y sanatorios privados para ver si el Poder Ejecutivo renovaba o dejaba caer el decreto 300, una norma que les da alivios impositivos y sin la cual, dicen, podrían tener que cerrar o pensar en cobrar algún copago a los pacientes para poder funcionar.

En su fugaz paso por Economía, Silvina Batakis les había dicho que a fin de agosto se olvidaran de esa ayuda y que trataran de ser "creativos" para operar sin ayuda oficial.

Modo Spotify

Mientras tanto, Massa se encamina a cumplir su primer mes en el cargo. La corrida cambiaria se frenó, pero no logró aún juntar los dólares anticipados de exportadores que había anunciado cuando habló aquel 3 de agosto en el microcine. "Hemos acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones", habían sido sus palabras.

No estaba todo tan cocinado. Está dando la pelea, tratando de ofrecer un tipo de cambio más atractivo a medida, sin tener que devaluar.

Lo que sí parecía haber conseguido en el mientras tanto era tener más orden político detrás de la gestión económica. En La Cámpora y alrededores no lo critican pese a que hace lo mismo que su antecesor Martín Guzmán. Incluso le permitieron avanzar en áreas clave, como Energía y por eso finalmente suben las tarifas.

Alguna alarma se encendió, sin embargo, porque de golpe apareció Máximo Kirchner bardeando nada menos que a Mauricio Claver Carone y David Lipton, hombres del BID y el Tesoro justo cuando el ministro está por emprender un viaje a Estados Unidos para manguearlos.

Nadie quiere pensar que haya un rayo guzmanizador. Es una molestia que tal vez el tigrense le pueda plantear al hijo de Cristina en esos momentos íntimos en los que ambos salen de una reunión para fumar juntos.

A todo esto, también irá a Washington el viceministro Gabriel Rubinstein, que hace equilibrio entre lo que le dejan decir que se hará y lo que filtran que alguna vez dijo que hay que hacer, más lo que circula en un audio como desmentida. Ojo, tal vez lo relevante no es "el plan secreto de Rubinstein" que publica un blog.

El economista ama la música y ha subido a Spotify los temas que compone junto a su hijo, con títulos que parecen ideales para los días en el Ministerio. Uno se llama "Hay que organizar". Otro es "Viaje difícil". También está "No perdemos la expectativa".

Otros economistas que suele consultar Massa, en tanto, no entran a la gestión y se dedican a los podcasts. Soñando ser un Joe Rogan o un Lex Fridman de la macro, Diego Bossio lanzó el ciclo "Al grano", que también está en Spotify. En el primer episodio dialogó sobre los planes de estabilización con Martín Rapetti, su socio en la consultora Equilibra.

Allí opina sobre una cualidad que tiene que tener cualquier plan que intente combatir el aumento generalizado de precios. Además de las medidas técnicas coordinadas, postula lo siguiente: "Tenés que comunicarle a la sociedad que lo que ha sido común hasta ahora, como subir de precios todo el tiempo, lo vamos a cortar de cuajo; necesitás un gobierno con capacidad de persuasión, para lo cual sirve que sean gobiernos que comienzan, no gobiernos que están terminando".