El conflicto que sostienen las y los docentes universitarios con el Gobierno Nacional parece lejos de resolverse. Además del tope del 15% de aumento salarial que pretende imponer el Ministerio de Educación, los sindicatos docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional denuncian una política de vaciamiento del sistema educativo. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto?
El Presupuesto 2018 y las transferencias a las Universidades Nacionales
El presupuesto para el año 2018 fue aprobado en el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.431, aunque fue modificado posteriormente por el Poder Ejecutivo Nacional .
Para financiar sus gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales, las Universidades cuentan con un presupuesto vigente de $101.772 millones, apenas 20,1% más que el presupuesto ejecutado en 2017. Con una inflación esperada del 31,8% para todo el año, esto implicaría una pérdida de presupuesto en términos reales de 11,7 puntos porcentuales (p.p.). Entre 2016 y 2018 el presupuesto universitario creció un 88% nominal: es decir que perdió 9,3 p.p. en términos reales contra la inflación del período (97,5%) .
Si la inflación interanual en 2018 fuera del 40% (como estiman algunas consultoras privadas en estos días), la caída del presupuesto universitario llegaría a 20 p.p. para este año y acumularía 17,6 p.p en el lapso 2016-2018.
La (sub)ejecución del presupuesto y la crisis del sistema universitario nacional
Habiendo transcurrido ya el 66% del año (8 meses), se ejecutó el 56,6% del presupuesto vigente para las Universidades Nacionales. La partida más importante, Desarrollo de la Educación Superior ($101.286 millones), se ejecutó a tono con el promedio.
Sin embargo, en el presupuesto vigente asignado a esta partida se esconde el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios, que se mantienen calculados con un presupuesto que preveía un 15,7% de inflación.
En las demás partidas se observa una subejecución incluso respecto del presupuesto asignado originalmente por ley. Por ejemplo, en Infraestructura y Equipamiento se ejecutó apenas el 19,3% de su presupuesto y en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) solamente el 48%, en línea con la propuesta del Gobierno Nacional de eliminarlo en 2019.
Las Universidades Nacionales se encuentran en crisis. El Consejo Interuniversitario Nacional denunció que “hay obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas , dificultando el normal funcionamiento. Las Universidades Nacionales de Jujuy, Mar del Plata, Rio Cuarto, Río Negro, Jauretche y Comahue, entre otras, han denunciado esta situación y han pedido al Poder Ejecutivo que cumpla con los compromisos asumidos.
Las y los docentes universitarios siguen tomando medidas de fuerza para defender su poder adquisitivo, pero el Ministerio de Educación insiste con imponer un techo del 15% en un contexto donde la inflación ya se ubicaría en el rango entre 35-40% y podría continuar subiendo.
El desinterés del Gobierno por la educación pública es claro. No implica sólo un terrible mensaje para las y los docentes, sino también para las y los estudiantes, presentes y futuros. El actual Gobierno Nacional, al igual que tantos otros en las últimas cinco décadas, está diciendo a las y los estudiantes que sólo podrán ejercer su derecho a la educación si (y sólo si) existen docentes dispuestos a enseñarles en forma gratuita o por salarios de miseria, en condiciones de trabajo poco dignas, con infraestructuras deterioradas y con continuos ataques gubernamentales al prestigio que las Universidades Nacionales y sus docentes tuvieron durante toda su historia.
No hay margen para seguir ajustando la educación pública. Como se planteó en la Declaración de Cartagena en la Segunda Conferencia Regional de Educación Superior organizada por la UNESCO, defenderla es defender un derecho humano, un bien público social y un mecanismo estratégico de movilidad social y de soberanía cultural, científica y política.
Sin educación y ciencia propias, difícilmente el país encuentre respuestas a sus problemáticas. No, no está bien que el propio Gobierno ataque a la educación pública – está mal – y la única salida es que toda la sociedad nos comprometamos con su defensa.
