Nunca conviene confundir los pronósticos con los deseos. Después del batacazo electoral del último domingo de octubre, buena parte del círculo rojo y observadores políticos se habían entusiasmado con la aparición de un nuevo Javier Milei, supuestamente dispuesto a repartir un poco más el poder y abrir el juego a la oposición dialoguista. Una fórmula imaginada para consolidar acuerdos políticos profundos que pudieran facilitar el trámite parlamentario de leyes clave. La ilusión duró menos de una semana, aunque la llegada de Diego Santillial ministerio del Interior abre nuevas esperanzas.

Las novedades políticas del viernes último parecían indicar todo lo contrario. Un Poder Ejecutivo decidió a gobernar con los propios, con los incondicionales, como había reclamado en las redes sociales el Dr. Daniel Parisini, alias el Gordo Dan. Pruebas al canto: Guillermo Francos y su pupilo Lisandro Catalán afuera, más el ascenso meteórico del karinista Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. Por si fuera poco, Mauricio Macri frezado una vez más en sus aspiraciones de influir en el nombramiento de ministros o funcionarios relevantes, y diluido en su poder en el Congreso por la operación de Patricia Bullrich de comerle legisladores del PRO que se pasaron a las filas de los libertarios.

Ya se había insinuado esta determinación personalista del Presidente cuando a la hora de reemplazar al ingrato Gerardo Werthein en la Cancillería, optó de inmediato por Pablo Quirno, un soldado de Luis Caputo, aprobado con altas calificaciones por Karina Milei. Cuentan además en Tribunales que la continuidad de Mariano Cúneo Libarona en Justicia fue por una gestión especial del jefe de Estado, que le pidió al actual ministro que se mantuviera en su puesto hasta febrero, de modo de sortear la presión de nombrar a Guillermo Montenegro, no sea cosa que alguien creyera que se trataba de un gesto de buena voluntad con el PRO.

Circulan versiones más inquietantes entre abogados: por ejemplo que ahora el juez Ariel Lijo podría ser propuesto ya no como ministro de la Corte, sino como alguien con aún más poder, nada menos que futuro jefe de los fiscales. Es que con el nuevo Código Procesal Penal, el Procurador es quien decide a quién y cómo se investiga en la Argentina. También comentan que si finalmente Sebastián Amerio no se queda como ministro de Justicia y se mantiene como delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, la cartera podría recaer en la figura de Manuel García Mansilla, aquel jurista de paso fugaz por la Corte, cuando quedó en medio de internas ajenas por la frustrada nominación de Lijo.

En medio de este renovado tembladeral político, habrá que observar cómo se logra avanzar ahora con el Presupuesto, la reforma impositiva y la modernización de las leyes laborales. No vaya a ser que la ilusión por la prometida rebaja de impuestos termine igual que el promocionado consenso para ampliar el poder político del oficialismo en el Congreso.

Hay experiencias del pasado que abren una puerta al optimismo. La clave del respaldo para el Gobierno parece estar más en los acuerdos con los gobernadores que fueron convocados el pasado jueves a la foto con el Presidente en Casa Rosada. Y qué mejor garantía para estos mandatarios que contar con un poder central unívoco, y con incondicionales del jefe de Estado con poder para abrir la billetera a la obra pública. Un súper Ministerio del Interior como se menciona que podría ser el que le toque administrar a Santilli, y con capacidad de otorgar presupuesto y obras a las provincias, es la mejor noticia para los gobernadores.

El esquema le funcionó a la perfección a Néstor Kirchner cuando alineaba voluntades gracias a las gestiones de Julio De Vido. Del "hablen con Julio" al "hablen con Diego". También le funcionó a Mauricio Macri con Rogelio Frigerio como ministro político, encargado de alinear gobernadores con parte del Presupuesto Nacional. Con mayores dificultades entonces para el actual gobernador de Entre Ríos, por los comisarios Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, con los que el que expresidente vigilaba a sus ministros. Aquí se estaría armando una solución más práctica y de probada eficiencia: el Presidente al frente del gobierno, su única jefa Karina más empoderada tras la elección exitosa y con pleno dominio en el Gabinete y el Congreso, y la llegada al gabinete de un profesional de la política para misiones especiales.

Sobre las reformas anunciadas, algunas observaciones a tener en cuenta. Si se atienden los números y detalles que aparecen en el proyecto de Presupuesto 2026 que preparó el Ministerio de Economía, parecería que la presión impositiva luce más para subir que para bajar. Proyecta un aumento en los ingresos estatales de 22% y un leve incremento de la presión tributaria en relación al PBI. Promete una suba de casi 20% en el IVA, 25% en ganancias, más de 70% en combustibles, y nada menos que 23% por retenciones. Ni la economía rompiendo récord mundial de crecimiento lograría estos números bajando impuestos. Tanto las retenciones como el impuesto al cheque gozan de buena salud. Más si se tiene en cuenta que el compromiso de superávit con el FMI en 2026 es mayor a 2025.

Se intentará, eso sí, aprobar la esperada ley de inocencia fiscal y la simplificación del impuesto a las Ganancias para las personas. Y la propuesta para que las provincias bajen Ingresos Brutos a cambio de que puedan ellas recaudar su propio IVA Pero de aliviar impuestos, en el mejor de los casos, en 2027.

En cuanto a la reforma laboral, se intentará convertir en Ley el fallido capítulo IV del DNU 70/2023 que fue anulado por inconstitucional por la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pedido de la CGT. Se promovería la libertad para que los trabajadores, en forma voluntaria, puedan apartarse del convenio colectivo y pactar condiciones laborales directamente con las empresas y por fuera del sindicato. Los convenios por empresa o por regiones, tendrían mayor fuerza legal que los nacionales aprobados hace décadas y vigentes por la ultraactividad que también se propone derogar. Y formalizar una serie de realidades que se viven en el mundo del trabajo hace años, pero que se pactan voluntariamente por las partes, más allá de la letra de los vetustos convenios sindicales: fraccionar vacaciones, trabajar horas extra y compensarlo con menos carga en días sucesivos, pactar regímenes flexibles de indemnizaciones como rige en la construcción, etc.

Más difícil de aprobar sería lo que ya la Justicia impidió o moderó de la reforma laboral original contenida en el DNU 70/2023. Por ejemplo las limitaciones al derecho de huelga de los docentes, la prohibición de realizar asambleas en los lugares de trabajo, como así también tomas de fábricas o bloqueos a los ingresos o egresos de los lugares de trabajo. Ni hablar el intento de eliminar la cuota sindical obligatoria y demás descuentos compulsivos que los gremios realizan al recibo de suelto de los trabajadores con la excusa de darles beneficios, sociales, deportivos o formativos.

Nada se sabe de lo más costoso a la hora de contratar en blanco: la carga que paga la parte patronal y el trabajador por el supuesto servicio de salud de las obras sociales; o peor, la estafa organizada con los descuentos para el fundido régimen jubilatorio. Tampoco hay certeza de cómo se logrará que la Justicia laboral deje de fundir a empresas con la industria del juicio Tarea compleja para las nuevas estrellas del Gabinete el tener que alinear planetas con objetivos tan ambiciosos.

Ayuda, claro, la euforia en los mercados, en buena parte de la sociedad y el mundo económico por el resultado de las elecciones de medio término. Doble festejo, el triunfo de Milei y la derrota de lo que representa Cristina, Axel Kicillof, Juan Grabois y compañía. La necesidad de que el caso de Javier Milei no termine siendo un intervalo entre dos peronismos populistas, como resultó la experiencia de Fernando de la Rúa y más reciente en la memoria, la de Mauricio Macri. Con un equipo económico más que aliviado, dispuesto a cumplir con prudencia la recomposición de reservas, comprando dólares si es que aumenta la demanda de pesos, lo que reclaman economistas, el FMI y hasta el propio Scott Bessent que se alegró por el triunfo y afirmo que los mercados "deberían en 2026 fácilmente y en forma entusiasta resolver las necesidades financieras del país". Avisando que en algún momento el Tesoro quitará las rueditas de la bicicleta y la Argentina deberá volver pedalear sola sin perder el equilibrio.