Un informe de la CGT menciona que el sistema de salud de la seguridad social es inviable por la inflación de promesas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con financiamiento limitado. Hay que ordenar el PMO y aumentar los subsidios para elevar los aportes de aquellos con menores ingresos. El sistema de obras sociales basa su financiamiento en el aporte obligatorio.
A mediados de la década de los ’90 se relajó el principio de afiliación a la obra social de actividad permitiendo a los afiliados elegir su obra social. Esto permitió el ingreso de la medicina prepaga. Las obras sociales, a cambio de una comisión, derivaban a la prepaga el aporte obligatorio.
En 2025, se puso fin a la derivación de aportes: las empresas de medicina prepaga fueron incorporadas al sistema en régimen de competencia directa, eliminando la intermediación. Así, el sistema quedó conformado con 290 obras sociales que conforman el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante.
Los directivos de la CGT, administradores de las obras sociales sindicales, emitieron un informe de situación de obras sociales donde registran una crisis sistémica que trasciende la incorporación de las prepagas.
En pocas palabras, se menciona que el nivel promedio de los recursos per cápita del sistema de obras sociales y prepagas es de $ 67.525 por mes, el 67% de los afiliados cuenta con recursos per cápita inferiores a este promedio y el costo del PMO se estima en $ 85.000 por mes.
En definitiva, los recursos disponibles están lejos de cubrir los costos de las obligaciones del PMO. La brecha de financiamiento se amplía cuando se computan los cerca de 2 millones de monotributistas integrados al sistema que en su mayoría aportan apenas $ 22.000 por mes.
El PMO fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Con el tiempo, fue ampliándose mediante la incorporación de prestaciones no médicas, como los servicios sociales vinculados a la discapacidad, las adicciones y la salud mental.
Asimismo, se entiende que toda nueva innovación en medicina está implícitamente incluida en el PMO. Un ejemplo de ello es la ampliación del PMO a través de amparos judiciales. Se estima que actualmente existe un amparo por cada 1000 afiliados y la tendencia es creciente.
La base para comenzar a recomponer el sistema es restablecer la consistencia entre las prestaciones y el financiamiento. Para ello, resulta imprescindible ordenar el PMO. Los servicios sociales para la discapacidad, las adicciones, la salud mental y la geriatría deben ser financiados y gestionados por el Estado a través de sus órganos competentes. Las innovaciones en medicina deben ser incorporadas mediante la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC).
El objetivo es retornar al PMO como conjunto de prestaciones médicas básicas. En paralelo, es necesario mejorar el financiamiento del 67% de los afiliados, destinando el 100% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, en lugar de asignarlo a subsidios que la propia CGT reconoce se distribuyen con criterios arbitrarios.
El sistema resulta inviable mientras se incorporen nuevas prestaciones al PMO sin contemplar su financiamiento, y se extienda la cobertura a personas con aportes muy limitados. Es imprescindible que las prestaciones comprometidas se alineen con el financiamiento disponible.
