Zoom Editorial

Los inversores no tienen razones para creer en los que "combaten al capital"

En aquella famosa carta en la que apuntó contra los "funcionarios que no funcionan", Cristina Kirchner también dejó otras definiciones relevantes. Una de ellas fue considerar que la "economía bimonetaria" era uno de los problemas más graves del país, y que su solución iba a demandar un amplio acuerdo político y social.

Está claro que la excesiva dolarización de los ahorros es hoy uno de los factores que más restringen el desarrollo argentino. Y aunque si bien puede ser considerado una causa más de todos los problemas que aquejan al país, el diseño de políticas sería más adecuado si la dirigencia política lo entiendiera como lo que es: una consecuencia de la desvalorización de la moneda que provoca la inflación, y de los numerosos intentos que ejecutó el Estado por captar el ahorro doméstico.

La estadística fría que maneja el Banco Central dice que en el país hay u$s 130.000 millones de dólares en billetes, atesorados en cajas de seguridad, colchones o en cualquier recoveco que le permita a sus dueños dormir tranquilo por las noches. Este monto, que representa tres veces las reservas internacionales que tiene el BCRA, serviría para activar inversiones de todo tipo, financiar crédito o aumentar el consumo privado. También le serviría al Estado para cancelar dos veces la deuda que tiene con el FMI. Pero para eso tiene que estar disponible en el sistema financiero. O al menos, los propietarios de esos dólares tienen que sentir que tenerlos declarados o en blanco no es el primer paso de un castigo solo por el hecho de tener más capital que otros sectores de la sociedad.

Con este criterio, todos los gobiernos se han planteado la posibilidad de hacer un blanqueo, lo que implica prometer a esos ahorristas un beneficio (por lo general pagar menos impuestos de los que les hubiera tocado si ese dinero estaba registrado) a cambio de que lo inviertan en una actividad dinamizadora de la economía.

Mauricio Macri, gracias al ímpetu que tuvo a nivel global el combate a los paraísos fiscales, consiguió que muchos de los que tenían fondos en el exterior accedieran a su blanqueo. Se anotaron más de u$s 122.000 millones. Pero el compromiso de reducir los impuestos desapareció en poco más de un año: la crisis de 2018 anuló el alivio prometido, y en lugar de reducir el impuesto a los Bienes Personales, el Congreso lo incrementó.

La necesidad de dólares empujó a la administración de Alberto Fernández a crear su propio blanqueo, esta vez orientado a la construcción. Pero el mismo Gobierno que se esforzó por votar una ley normativa, sancionó un impuesto extraordinario al patrimonio.

El resultado no sorprende. Los inversores siguen prefiriendo los dólares a los pesos. No los convence tenerlos a la vista de los eternos combatientes del capital, que pinchan los mismos globos que pretenden inflar.

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