En 1973, hablar de innovación, tecnología, biotecnología, bioeconomía y menos aún de inteligencia artificial era imposible, inimaginable. Pasaron más de 50 años y en esos temas estamos en el “día a día” de cualquier área, disciplina, sector.
Y la agrobioindustria no es ajeno a ello, todo lo contrario. Por eso extraña que, aún hoy, la Argentina sigue regulando las semillas –y todo lo concerniente a sus procesos- con una ley de 1973, una ley “antigua” que frena inversiones millonarias en innovación genética y biotecnología, además de evitar generación de nuevos empleos, etc.
Por un lado la Argentina es uno de los grandes productores de alimentos del mundo y una potencia agrobioindustrial; por el otro estamos “regulando la producción de semillas y sus procesos” con una ley de hace más de 50 años. El marco legal que debería impulsar innovación y competitividad se ha convertido en un freno.
La discusión sobre una nueva ley de semillas, con foco en la protección de la propiedad intelectual no es un asunto sectorial: es una cuestión estratégica para el desarrollo nacional. Hoy las semillas incorporan avances genéticos que permiten mayor rendimiento, resistencia a plagas y adaptación a distintas situaciones agro climatológicas, de suelos.
Sin embargo, sin un marco legal moderno, los obtentores —los investigadores y empresas que desarrollan estas variedades— carecen de garantías para recuperar su inversión.
El debate sobre la adhesión al Acta UPOV-91, que fortalece los derechos de propiedad intelectual en semillas, divide aguas: productores reclaman mantener el “uso propio” (guardar parte de la cosecha para volver a sembrar), mientras la industria semillera exige protección para incentivar la innovación.
El Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de reforma al Congreso, incluso vinculado a acuerdos comerciales internacionales. ¿Entiende la sociedad argentina en general la magnitud de lo que está en juego, al “ciudadano de a pie” le interesa o debería interesar esto que estamos hablando?
Mi opinión es que si; y lo pongo en éstos términos: así como un músico necesita que se respeten sus derechos de autor para seguir creando canciones, un investigador en semillas necesita que se respete su innovación para que Argentina tenga cultivos más productivos y sostenibles.
La falta de una ley moderna tiene consecuencias concretas: menos inversión, ya que las empresas globales de biotecnología miran hacia países con marcos legales claros; menos competitividad, debido a que mientras Brasil y otros vecinos avanzan, nuestro país se queda atrás; menos empleo, puesto que cada innovación perdida significa menos oportunidades en el interior productivo.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina podría duplicar la producción de granos hasta 300 millones de toneladas si se impulsara la innovación con reglas claras. Hoy, esa oportunidad se diluye por la falta de seguridad jurídica.
Se trata de definir si el país será protagonista o espectador en la carrera global por alimentos más eficientes. Sin una ley moderna – que ponga el foco en la protección de la propiedad intelectual, la Argentina corre el riesgo de quedar fuera de los mercados más exigentes, donde la trazabilidad y la innovación son requisitos básicos.
La agrobioindustria debe asumir que su rol es estratégico y que apoyar una reforma equilibrada es apostar por el futuro del país.
Hay que buscar un consenso general, teniendo en cuenta varios factores I) la ley actual tiene más de 50 años; II) cada año se pierden inversiones millonarias en biotecnología por no tener una ley que priorice la propiedad intelectual; III) países que adoptaron UPOV-91 lograron en alguna medida atraer capital y nuevas tecnologías; IV) definir un equilibrio y garantizar el derecho al uso propio, pero con compensaciones que incentiven la innovación; V) lo más importante: convocar al consenso; productores, semilleros y estado deben sentarse a la mesa con visión estratégica de país, ya que esto no es para beneficio del campo, es para beneficio de toda la Argentina.
Todo proviene de una semilla cuando hablamos de alimentos: detrás de cada pan, cada litro de leche, cada aceite, cada harina, cada fruta, cada hortaliza, y cada corte de carne hay semillas. Y si esas semillas no incorporan innovación y tecnología, el país pierde oportunidades de crecimiento.
La agrobioindustria tiene la responsabilidad es liderar estos procesos, obviamente consensuados y trabajando en conjunto lo público y lo privado, con visión nacional, estratégica y de planificación, mirando el futuro.
El gran “sector” a beneficiarse es la Argentina. Esas soluciones, consensuadas – algo que nos cuesta tanto lograr- son las que perduran y permiten previsibilidad y certidumbre, además de seguridad jurídica. Entre otras cosas, algo que la agrobioindustria pide desde hace mucho tiempo también.
El debate sobre UPOV91 y la propiedad intelectual no debe ser reducido a intereses sectoriales. No se trata de favorecer a un sector, sino de garantizar que el país pueda aprovechar su potencial agroindustrial en un mundo que demanda alimentos más eficientes y sostenibles.
Se trata de definir si queremos ser protagonistas en la agrobioindustria global o resignarnos a mirar desde afuera. Creo que nadie quiere eso, y sí queremos ser protagonistas. Por eso necesitamos una ley de semillas moderna, que ponga el foco en la protección de la propiedad intelectual, que equilibre derechos y deberes.
Se dejan de invertir muchos miles de millones de dólares cada año, y los productores también se pierden de contar con nuevos y mejores materiales -semillas- a los ya muy buenos que existen hoy. El país debe aprovechar su potencial agrobioindustrial en un mundo que demanda alimentos más eficientes y sostenibles.
La deuda pendiente de la ley de semillas es, en realidad, una deuda con el futuro de la Argentina. Hay que saldar esa deuda pronto, con firmeza y conocimiento. El beneficio de esto no es solo para “el campo”; es para nuestro país todo. Ojalá lo entendamos y lo logremos. Será un gran paso.
