Ley de economía del conocimiento: más sombras que luces

La Ley de Economía del Conocimiento sancionada durante la madrugada del 8 de octubre era, sin dudas, uno de los proyectos de ley más esperados, en tanto fue concebida para mantener la estabilidad de un sector que, desarrollado al amparo de dicha estabilidad, factura más de u$s 3000 millones anuales sólo a través de su actividad específica.

La ley era necesaria y es bienvenida por cuanto reduce la incertidumbre reinante a partir del vencimiento de la vieja Ley de Software a fines del año pasado, pero adolece de varios defectos.

Por un lado, algunos cambios introducidos por el Senado pervierten innecesariamente la certidumbre que la Ley viene a traer. Un claro ejemplo de ello es el difuso requisito de acreditar anualmente el cumplimiento de las “obligaciones gremiales para mantener los beneficios del régimen. Dicha medida puede desincentivar el desarrollo de nuevas unidades de negocios por quienes resulten beneficiarios del régimen, particularmente considerando eventos recientes, porque la vaguedad del requisito pone en peligro la conservación de los beneficios.

De mayor relevancia es el recorte de beneficios fiscales, apartándose de la política consagrada por la Ley de Software, que fue crucial en el desarrollo de la industria local en los últimos 15 años.

La norma reemplazada consagró como política de estado el interés tanto de desarrollar una industria nacional de tecnologías de la información, como de incentivar la inversión extranjera para el desarrollo y la prestación de servicios informáticos desde la Argentina hacia el resto de Latinoamérica. El resultado: 15 años de crecimiento, 5 unicornios, la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica, una infinidad de emprendimientos, miles de puestos de trabajo, miles de millones de dólares en exportaciones, y otros tantos en recaudación – sin dudas muchos más de lo que se hubiera recaudado sin los incentivos y la estabilidad asegurados por la Ley de Software.

Yendo a contramano de la tendencia uniforme a nivel mundial (desde Estados Unidos hasta China), mediante una ley destinada casi exclusivamente a equilibrar el mercado interno y aumentar la recaudación en el corto plazo, el Congreso ha sancionado mecanismos que desincentivan la exportación de tecnología, la creación de nuevas empresas y la instalación de capitales extranjeros en el país y desalientan la generación de utilidades en la Argentina.

Mediante la eliminación de los artículos que aseguraban la estabilidad tributaria y la posibilidad de compensar tributos y ceder créditos fiscales, sumada a las asfixiantes restricciones cambiarias existentes, y la falta de reglas claras sobre cómo conservar los beneficios otorgados por la nueva ley, ésta probablemente ponga en peligro el liderazgo regional del país en un sector clave de cara al futuro y permita a países con ordenamientos más competitivos y a tono con los tiempos que corren (como Colombia, Brasil y Uruguay) disputarle a la Argentina su lugar en este sector.

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