Las lecciones básicas que emanan del caso AMIA y la muerte de Nisman

Las incógnitas sobre la muerte de Alberto Nisman proyectan una larga sombra sobre la Justicia, pero sin excluir a las demás instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de esclarecer un hecho tan grave como el posible homicidio del fiscal que investigaba el atentado terrorista más grande que haya sufrido la Argentina.

A cinco años del hecho, sobran las acusaciones políticas pero cuesta establecer qué hechos están probados y cuáles no. El paso del tiempo no inhibió la creación de hipótesis que solo tienen de novedosas la forma en la que se reescriben los datos de siempre. Lo que faltan son evidencias concretas. Los hechos no pueden responder a una teoría, sino a la inversa.

Pero esta carencia no es solo por el caso Nisman. El mismo vicio afectó a la causa madre, ya que las miles de páginas acumuladas en el expediente AMIA son el producto, en muchos casos, de declaraciones que provienen de fuentes incomprobables. No hace falta remarcar que el primer juez que hizo la instrucción, Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, así como el titular de la SIDE durante la gestión de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, fueron condenados por un tribunal por avalar un pago ilegal al reducidor de autos Carlos Telleldín.

Toda esta maraña tiene un vicio histórico de origen, que es el de asignar a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), transformada luego en Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el rol de auxiliar del Poder Judicial. Los espías no son responsables de crear documentación probatoria para usar en sede judicial. Su tarea fue encontrar información de cualquier fuente u origen, y aportarla a las investigaciones sin control previo, lo que deja en manos de los funcionarios judiciales la responsabilidad de validarla o no. Sus testigos son anónimos. Sus escuchas telefónicas no siempre transmiten la intencionalidad de quién habla. Solo es un recorte de un mapa que la mayoría de las veces no está a la vista.

La desconfianza de Nisman hacia este universo contaminado de investigadores, y la falta de apoyo y acción de otros sectores del Estado, lo dejó excesivamente aislado. Más allá del trágico episodio de su muerte, lo real es que con su desaparición se diluyó su denuncia y su trabajo. No había equipo que pudiera continuarla, ni evidencias registrables que mantuvieran su caso. Si hay críticas a las pericias o a la tarea de los auxiliares forenses, es porque no se respetó un procedimiento.

El gobierno de Alberto Fernández apuesta a hacer una reforma que diluya las cuestionadas facultades de la AFI, un órgano que solo debería asesorar al Presidente. La Justicia debería trabajar con una fuerza especializada y rigurosa, que se haga cargo de sus investigaciones ante los jueces para no repetir estas fallas. Nisman y la memoria de los muertos en la AMIA también exigen un nunca más.

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