Las elecciones y el futuro de la diplomacia financiera argentina

Más allá de la incertidumbre electoral, vale la pena tratar de analizar lo que va a ocurrir el día después de asumido el nuevo gobierno. La lógica predictiva pasa por tratar de inferir a partir de las necesidades del país, de las historias de gestión reciente y actual imaginando que la tarea prioritaria será revertir el deterioro económico que padecemos desde hace demasiado tiempo.

La producción eficiente de gas y petróleo a partir de shale es ya una realidad. Tenemos la posibilidad de dejar de ser un país que tiene gas y petróleo para ser un país gasífero y petrolero. Es simultáneamente la posibilidad de adosarle a la Pampa Húmeda una nueva fuente de creación de valor que pueda permitir cumplir con la abrumadora cantidad de demandas sociales de la Argentina de los últimos años que no pueden ser satisfechas con nuestra limitada base productiva. Esta transformación requerirá cuantiosos recursos financieros que exceden largamente la capacidad local. Deben ser aportados en el mercado internacional.

El país no tiene la capacidad de invertir entre U$S 25.000 y u$s 30.000 millones por año durante una década, cifra que se requeriría para llevar a su plenitud estos desarrollos. De allí que en el próximo gobierno, sea del signo que fuere, se verá obligado a impulsar una fuerte diplomacia financiera. Hasta el momento de escribir estas líneas se presentan dos posibilidades fuertes para suceder al gobierno de Cambiemos: que se suceda a sí mismo, o que sea reemplazado por un gobierno peronista con un fuerte componente cristinista.

Visto así, ninguna de esas dos fuerzas tiene los kilates como para emprender con soltura esa tarea en el mercado financiero internacional. Cambiemos representó una gran esperanza para Wall Street. El haber encarado inmediatamente la resolución de los holdouts fue un viento renovador en el mercado, y contribuyó a que se mirase a la Argentina con muy buenos ojos, y que el comportamiento "manada" de los inversores disimulase los errores de política económica. Los primeros lugares en los ranking de colocaciones de deuda en los dos años iniciales del gobierno pasaron a dar lugar a la salida veloz de los capitales a partir de fines de abril del 2018. La velocidad sorprendió, y la devaluación hizo estragos entre los inversores posicionados en activos en pesos.

Pero yendo a lo estructural,

que es lo que vale cuando se busca una presencia permanente, Cambiemos no se destacó por ser detallista en la construcción de la vinculación. La reciente ruptura de lo dispuesto en la Resolución 46 de la Secretaría de Energía sorprendió negativamente al mundo inversor. Pero hay más: la nueva demanda contra el país dada a conocer en New York en enero, toca tanto a la administración pasada como a la actual.

En la administración anterior, en 2014, se gesta el problema a partir de no llevar a cabo un empalme del viejo cálculo del PBI, con la nueva serie, y sus implicancias para un posible pago del Cupón. Ya entrando en el cuarto y último año de gestión, el gobierno actual tampoco mostró interés en obturar el tema, regularizando el cálculo. Peor todavía, nada pasó con el anuncio respecto a la recompra de las unidades ligadas al crecimiento que se deberían haberse llevado a cabo en diciembre del 2016.

Hubo dos emisiones para esto, cada una por u$s 2750 millones que terminaron en otros fines. El acudir al FMI que otorgó su préstamo record, tuvo también consecuencias negativas dado el carácter de acreedor privilegiado del organismo. La firma del acuerdo subordinó a todo el resto de los inversores financieros ante una posible situación extrema del país a favor del FMI. Por su parte, el gobierno anterior se manejó totalmente a espaldas del mercado financiero, y a los compromisos en él asumidos por la República.

Desperdició la oportunidad de solucionar el conflicto con los holdouts en enero del 2015, cuando el vencimiento de la cláusula RUFO permitía resolver este problema. Esto hubiese facilitado un regreso al mercado internacional, incluyendo un Club de París normalizado. Sin pretender ser exhaustivos, tampoco podemos olvidar las características de la "renacionalización de Repsol-YPF", donde se ignoraron los Estatutos de la empresa otra acción de alto impacto en el mercado. La mayoría de los temas comentados anteriormente se ventilaron en la justicia estadunidense. Dos siguen allí, y la Resolución 46 puede derivar en un nuevo juicio en nuestros tribunales que será seguido en detalle por los inversores. Todos estos conflictos son costosos y al quedar en la memoria de la capacidad argentina para desviarse de lo pactado pueden constituir un impedimento formidable para conseguir los cuantiosos recursos que se van a necesitar.

La conclusión que se impone es que cualquiera sea el ganador de la próxima contienda electoral la dirigencia política deberá revisar a fondo sus políticas económicas y la forma de vincularse con la comunidad inversora si verdaderamente quiere que la Argentina vuelva a tener un horizonte de prosperidad. No debería ser difícil. Consiste básicamente en cumplir escrupulosamente con la ley y con los compromisos contraídos.