Análisis

Las criptomonedas y su relación con la Inspección General de Justicia de CABA. ¿Final feliz?

Durante los primeros meses del 2021 hubo un estallido de las criptomonedas. El Bitcoin, una de las primeras de ellas, que hace un año valía u$s 6500, hoy cotiza u$s 50.000; a su vez, las criptomonedas de menor valor se dispararon de igual manera que el Bitcoin. 

Particularmente en Argentina resonó mucho durante este último tiempo la oportunidad de inversión en este tipo de activos, por lo que no sería ilógico pensar que muchas empresas quieran invertir en ellos y de esta manera pasen a ser activos de empresas argentinas. Todo ello debido a la desconfianza y la inestabilidad de la moneda local. 

Pero ¿es posible que la Inspección General de Justicia acepte un aporte de capital en criptomonedas? ¿Cómo podría llevarse a cabo, teniendo en cuenta que no hay regulación al respecto? ¿La IGJ está a la altura de los acontecimientos actuales? A continuación, desarrollaremos brevemente algunas posibilidades para analizar si estas preguntas tienen respuesta.

Primero, es importante tener algunos conceptos claros. Las criptomonedas son un medio digital de intercambio que utiliza una técnica de codificado fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. La más famosa hoy en día es el Bitcoin, que utiliza el método de cifrado blockchain o, en español, cadena de bloques. A su vez, según el Fondo Monetario Internacional, las criptomonedas son consideradas activos financieros, por lo que no cabe duda de que se pueden realizar numerosísimos negocios e inversiones con ellas.

Sin embargo, la regulación y clasificación de las criptomonedas en el ámbito nacional, así como en el internacional, es demasiado escueta e incipiente y, a nuestro entender, poco uniforme. En este sentido, las principales regulaciones han sido emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y cada una de estas entidades utiliza distintos conceptos para este tipo de activos.

El artículo 38 de la Ley General de Sociedades (LGS) establece que: "Los aportes pueden consistir en obligaciones de hacer, salvo para los tipos de sociedades en los que se exige que consistan en obligaciones de dar. [...] El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por las leyes de acuerdo con la distinta naturaleza de los bienes. [...]". En los artículos subsiguientes, la ley se extiende sobre los tipos de bienes y derechos aportables.

Con referencia a la primera parte del artículo que analizamos, vemos que los aportes pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de dar. En los aportes en obligaciones de hacer el socio aportante tiene que cumplir la prestación que consiste en una actividad en favor de la sociedad. En los aportes en obligaciones de dar, quién aporta se desprende de un bien para entregarla a la sociedad, es decir, que el bien sale del patrimonio individual para integrar el patrimonio de la sociedad. Pueden ser en dinero o en especie. 

En el caso de aportes en especie, el artículo 39 de la LGS exige que el bien sea determinado, susceptibles de ejecución forzada. Todo esto, en caso de no considerarse criptomonedas como aportes dinerarios. Entonces, ¿se podría considerar como aporte dinerario? Bueno, para nosotras es dinero, por lo que sí se podría. Sin embargo, la opinión es discutida y en caso de que la IGJ no lo vea de esta forma, podría interpretarse como en el artículo antes referido.

Por otro lado, la regulación específica de la Inspección General de Justicia (IGJ) identifica los distintos tipos de aportes como dinerarios, bienes registrables, bienes muebles y títulos valores. En líneas generales, a excepción de los aportes dinerarios, se exige la valuación del bien aportado por parte de un profesional.

Entonces, sea la criptomoneda considerada dinero o no, entendemos que puede ser objeto de aporte. Podría ser una gran posibilidad para las empresas que se dedican a ellas, como las FinTech, las cuales tener el capital en este tipo de bien podría ser útil en el futuro. Además, resulta beneficioso para aquellos socios que desean no solo aportar un capital estable sino también una manera de inversión dentro de la sociedad debido al aumento de valor de las criptomonedas en general.

Desde nuestro punto de vista, las criptomonedas son bienes susceptibles de valoración económica y cumplen con los requisitos de la ley para ser considerados aportes al capital social, para ello la IGJ debería dar un paso adelante y regular estos tipos de aportes con una normativa moderna y con perspectiva de futuro que pueda incluir los avances en la materia, mientras tanto, no existe una prohibición para ello y por lo tanto queda a consideración de los inspectores de la entidad.

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