La responsabilidad fiscal es necesaria: el problema es que tiene muy pocos defensores

Hay un debate a nivel global sobre el futuro del trabajo y de los sistemas previsionales que en algún momento la Argentina va a tener que enfrentar. La discusión empieza siempre en el terreno más áspero de los números, ya que todos los regímenes jubilatorios son deficitarios, y la tendencia es que ese rojo crezca todavía más. Si hay países que no hacen visible este problema es porque lo disimulan con el azar del mercado, como hace Estados Unidos.

Otros, como China, lo están empezando a gestar: su sistema de pensiones todavía es reciente y cubre pagos muy bajos. Para dar una idea, el gigante asiático destina a esta cobertura 3,4% de su PBI. La media europea llega a 7,9% y la de España está en uno de los extremos, con 10,5%. En la Argentina, el gasto previsional representa 9% del producto bruto. Algo hay que hacer. Pero lo que la coyuntura puso otra vez en el tapete es cómo generar el consenso para hacerlo.

La propuesta que puso en marcha la administración de Mauricio Macri no apunta al fondo del problema, sino al flujo de fondos que le demanda al Estado el pago de las jubilaciones. La ley que aprobó el blanqueo de capitales instaló la necesidad de la reforma y propuso crear una comisión especial para debatirla, pero esa instancia quedó para más adelante. Lo que busca la Casa Rosada, con el apoyo de los gobernadores, es una forma de acotar los aumentos. Hay argumentos técnicos que le dan razonabilidad a la nueva fórmula, pero la política puede imponer otros rumbos.

Para la oposición y ahora también para la CGT, lo que busca instrumentar al Gobierno es un recorte a los haberes. La movilización al Congreso y el paro general anunciado ayer se sostienen solo como una protesta. Pero los sectores que están en contra de la iniciativa oficial no han planteado hasta el momento alternativas de financiamiento al sistema previsional. Y aquellos que expusieron opciones en el ámbito legislativo, no consiguieron el respaldo de ningún sector político que habilitara una nueva negociación.

El apoyo clave que logró el Gobierno hasta el momento proviene de los gobernadores, porque son los que conocen la dura realidad del déficit fiscal y no necesitan ser permeables a los números. De hecho, un fallo de la Corte que les devolvió 15% de coparticipación que iba a la ANSeS (agrandando aún más el rojo previsional) es uno de los causantes de que el Ejecutivo impulsara el cambio en la fórmula. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero el problema es que tiene pocos defensores.