La marcha del 18F, su origen y consecuencias, absorbió todo: la mayor parte del proceso político y la verdad sobre la realidad de la economía nacional. El rostro del abismo entre los que estaban a favor y los que estaban en contra volvió a crisparse como si se tratara de un hito histórico único. El gobierno no pudo ocultar nervios y muestras de intemperancia, para algunos muy clásicas.

Fueron muchas emociones juntas y al mismo tiempo distintas. El gobierno que se sintió atacado y dañado, los que consideraban que la marcha sólo tenía el sentido de consideración y respeto hacia la tarea del fiscal fallecido y los que se lamentaban porque la cadena de investigaciones sobre el terrible atentado a la AMIA volvía a romperse. Parecía que todo debía comenzar de vuelta, sumida esa historia siniestra en la frustración y la depresión.

¿Pero que pasaba más allá de este acto?

En primer lugar la cuestión política. Por un lado la oposición que, salvo escasas excepciones, se siente perdida, jugando al gallito ciego, más un mapa del país fragmentado por alianzas momentáneas, electorales, casi sin futuro. Contundencia opositora, por el momento, no hay, salvo en el Congreso Nacional. Quedan a salvo varios parlamentarios que se las juegan en distintos terrenos ante un oficialismo que en el Congreso actúa como una obediente escribanía, cumpliendo a rajatabla lo que desea y aspira el Ejecutivo.

En la Casa Rosada, sede del oficialismo en su máximo nivel, se fomenta la pugna entre candidatos casados con el pasado kirchnerista. Nadie es terminantemente bueno para la Presidente, que muestra afectos o desafectos cuando se le da las ganas. El tiempo lo fija ella, en un tiempo en el que hay que empezar a optar y a trabajar para ganar el sillón de Rivadavia. Que la Presidente sonría junto a Randazzo o a cualquier otro, siempre es una mala noticia para Scioli. No para Massa que juega otro partido distinto. Los postulantes K no se cansan de tirarse puñales en cada ocasión que les resulte propicia.

El Senado le dio el visto bueno automático a la nueva Ley de Inteligencia. Sin debate, sin que se esclarezcan los nuevos lineamientos. Si todo sigue igual aunque con distinta denominación o gran parte del trabajo pasa a manos del general Milani y sus subordinados de Inteligencia del Ejército, que, bien se sabe, no puede ocuparse legalmente de ninguna manera del cuidado de la ciudadanía en tiempos de paz.

Sin explicaciones, como suele hacer, el gobierno ha ocultado un serio enfrentamiento dentro de sus servicios de Inteligencia. Los que, aparentemente, no muestran los motivos del estallido violento para algunos observadores. Si son personales o monetarios o presupuestarios. O tan sólo gatopardismo. Y si la muerte del fiscal Nisman no forma parte de esa trama soterrada, encrespante, con aires belicistas.

Los hechos no han impedido saber que en el terreno económico los hechos van mal. El atraso del tipo de cambio de estos días es similar al 2001, al año de la caída de convertibilidad que arrasó todo lo que encontró a su paso. Este fenómeno, silenciado por las autoridades y que promete mantenerse a lo largo del año que estamos viviendo es una herencia maldita para el gobierno que vendrá tras el final del ciclo cristinista. El Ministerio de Economía y el Banco Central no se mueven porque quieren favorecer a la política oficial: modificar el tipo de cambio podría acelerar según sus criterios el proceso inflacionario y cundiría la alarma y la desazón en el electorado.
En estos días hubo muchos que intentaron saber cuál es el nivel real de las reservas del Banco Central. El gobierno indica que llegan a u$s 31.300 millones. Pero varios consultores privados rechazaron esa suma. Afirman que la reservas genuinas, a través de las cuales se puede respaldar el peso, sólo están en torno de los u$s 16.000 millones. Este es un año, es decisivo tener en cuenta, donde hay que enfrentar deuda externa por u$s 15.000 millones.

Nada hace el gobierno para sortear o dar respuesta a acusaciones que son muy duras. Salvo machacar con el desprestigio de sus adversarios. El acuerdo con China, por ejemplo, ha enfrentado a la Unión Industrial y otros sectores con lo firmado en Pekín. Los empresarios se jugaron y cuestionaron con argumentos contundentes. La Presidenta devolvió la crítica, como siempre, con carpetazos y amenazas. Cuestionó es un caso entre varios al grupo Techint, uno de los más importantes del mundo, de operar contra los tratados bilaterales y lo amenazó con coartarle toda ayuda crediticia de Pekín para que pueda emprender una obra en la provincia de San Juan.
En medio de las bataholas y acusaciones trascendió una nota del ex-diputado nacional Gerardo Milman en el diario Clarín quien osó preguntar: ¿Cuál es el costo de la corrupción en todos estos años? A falta de estadísticas oficiales resulta complicado llegar a un resultado absolutamente genuino. Pero, se arriesga Milman, calculando el 10 por ciento como la cometa, mordida o peaje de la inversión pública canalizada en obra pública y en subsidios (al transporte público y a energía, entre otros) la cifra que fue a parar a las cajas fuertes privadas llegaría a los u$s 23.550 millones entre 2003 y 2014. Si así fuera, se trataría de un drenaje siniestro y perverso, autorizado o fomentado por las autoridades.