ANÁLISIS

La realidad aporta los hechos y el derecho las soluciones

Alberto Fernández es el trigésimo quinto presidente constitucional de la Argentina, contando como primero a Justo José de Urquiza (1854-1860).

Si bien es cierto que le ha tocado conducir los destinos del país en el contexto de una pandemia, también lo es que la ha gestionado muy mal, circunstancia agravada por una paupérrima administración económica, social, internacional e institucional, así como también por una exagerada propensión a expresarse públicamente, poniendo de manifiesto un palpable desconocimiento de muchos de los temas que aborda en el contexto de una notoria incontinencia verbal.

Accedió al gobierno con un poder político prestado por quien es su vicepresidenta, y transcurridos apenas dos años de gestión, no solo no ha logrado imprimirle un perfil propio, sino que además ha demostrado una mimetización alarmante con el discurso y los modos de su mentora. Como si fuera poco, es resistido dentro de la propia tropa, y no parece descabellado creer que, de obtener un mal resultado en estas elecciones, estaría seriamente en riesgo su continuidad al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, a la Argentina no le es desconocida la situación de renuncia de sus primeros mandatarios; por el contrario, de los diferentes treinta y cinco presidentes constitucionales que tuvo el país desde la sanción de la Ley Fundamental en 1853, nueve renunciaron al cargo, es decir, el 25%. Ellos fueron Derqui, Juárez Célman, Luis Sáenz Peña, Ortiz, Cámpora, Alfonsín, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde. Si Alberto renunciara sería el Nro. 10.

Es por ello que no resulta irrelevante entender qué pasaría si un desastre electoral provocara fisuras tan profundas dentro del gobierno, que hiciera imposible sostener a un presidente con el poder formal y diezmado, frente a una vicepresidenta que claramente detenta el poder material, y quien además seguramente no dudaría en despegarse de esos eventuales negativos resultados en las urnas.

Suele circular el rumor según el cual, de producirse la renuncia del Presidente antes de completar los dos años de gestión, debería convocarse a nuevas elecciones para que el pueblo elija a su reemplazante; mientras que si ello ocurriera después de los dos años, sería Cristina Fernández quien asumiría el cargo. 

Pues eso es un mito normativamente injustificado, porque no es relevante el momento en el que un presidente renuncia a su cargo (si antes o después de los dos años de gestión), ya que siempre que ello ocurra, sea cuando fuera, la Constitución Nacional prevé que es el vicepresidente quien debe asumir el cargo hasta la finalización del período. Incluso, si un presidente ya electo renunciara a asumir el cargo antes del 10 de diciembre del año que corresponde el recambio presidencial, debería hacerlo el electo vicepresidente y sería él quien gobernaría durante todo el período.

Si en cambio renunciaran el presidente y el vice, es la ley de acefalía la que brinda la solución: deberían hacerse cargo de la presidencia, por cuarenta y ocho horas, el presidente provisional del Senado, o el de la Cámara de Diputados, o el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en ese orden-, quien debería convocar al Congreso con sus dos cámaras juntas (Asamblea Legislativa), el que podría elegir a un diputado, a un senador o a un gobernador de provincia para que asuma el cargo vacante.

Frente al análisis de la realidad que aporta los hechos, corresponde el análisis del derecho, que es el que aporta las soluciones. Así funciona un Estado de Derecho, y siempre es bueno saberlo.

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