La piedra en el zapato del gobierno de Milei

Gobernar Argentina nunca fue una tarea sencilla. Los procesos políticos en nuestro país suelen terminar teñidos más por el fracaso que por el éxito. Si a esta característica estructural se le suman las condiciones específicas bajo las cuales asumió el nuevo gobierno en diciembre de 2023, se advierte el enorme desafío que tuvo que enfrentar Javier Milei cuando ganó la presidencia.

Dadas las extremas dificultades del contexto, la administración Milei tuvo tres grandes logros en el primer semestre del año. En primer lugar, un gobierno con escasos recursos institucionales (cero gobernadores, cero intendentes, un puñado de senadores y diputados) pudo realizar lo que en palabras del jefe de Estado se definió como "el ajuste más grande de la historia" sin que por ello la gobernabilidad se viera puesta en riesgo. En segundo orden, siguiendo su mandato electoral, la gestión libertaria consiguió bajar significativamente la conflictividad social en el espacio público, recuperando el control de la calle sin un acompañamiento directo de los sindicatos ni de los movimientos sociales. Finalmente, hasta el mes de julio el Presidente pudo sostener en niveles considerablemente altos sus credenciales de imagen ante la opinión pública, a pesar de haber llevado adelante un programa fiscal de recortes permanentes.

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Sin embargo, el doble vínculo de Milei con el sistema político y la sociedad parecen haber ingresado en una nueva etapa en el último bimestre. Casi como un signo anticipatorio de lo que luego se advertiría en las encuestas, la clase política -la casta, en los propios términos presidenciales- se volvió mucho más confrontativa con la Casa Rosada. Como si la aprobación de la Ley Bases la hubiera dispensado de cualquier muestra de colaboración ulterior, la oposición en el Congreso comenzó a sembrar un camino legislativo más nutrido de espinas que de rosas. La sanción de la ley de recomposición de haberes jubilatorios, el rechazo del DNU de fondos reservados de la SIDE y la sanción de la ley de financiamiento universitario coparon la agenda pública y plantearon grandes problemas para la narrativa libertaria.

En paralelo a este mayor ruido político, quienes medimos el humor social comenzamos a observar cómo en distintos sondeos de opinión pública (incluidos los que desarrollamos en Opina Argentina) la imagen de la gestión presidencial, y en menor medida la del propio Presidente, sufrieron por primera vez desde su llegada al poder una caída significativa entre los meses de julio y septiembre. Hoy el diferencial de imagen es negativo en ambas mediciones si bien continúa siendo razonablemente competitivo.

Si la cuestión de los jubilados atraviesa a la sociedad y preocupa a las familias argentinas y a los mismos beneficiarios, sin dudas el conflicto con las universidades se ha convertido en la piedra en el zapato del gobierno libertario. Si tuviéramos que repasar los dos grandes hitos en estos diez meses de gobierno en donde se han expresado amplios sectores detrás de una protesta sectorial, estos han sido las dos movilizaciones (la de abril y la de principios de octubre) que tienen como bandera la defensa de la educación pública universitaria.

En primer lugar, ocurre que la educación está en la base del contrato social de los argentinos y toca una fibra muy sensible del imaginario colectivo vinculada al ascenso social, la igualdad de oportunidades y la ilusión -algo intangible pero clave al mismo tiempo- de progreso personal.

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En segundo término, si bien todavía no sabemos cómo se terminará resolviendo este conflicto, haber inaugurado una guerra a cielo abierto contra la comunidad universitaria carga con dos riesgos. Por un lado, el Gobierno establece una línea divisoria entre un nosotros y un ellos en el que se queda del lado de la porción minoritaria, inclusive contra las preferencias de parte de su base electoral. Las encuestas señalan que más de un 60% desaprueba esta estrategia del oficialismo. Por otro lado, las universidades nacionales cuentan con un alto grado de aprobación social en un contexto generalizado de desconfianza institucional, no son vistas como un conjunto de instituciones al servicio de la casta. Su valoración positiva supera el 70% en comparación con la mirada que la misma sociedad tiene sobre instituciones como el Congreso, la Justicia o los propios medios de comunicación.

Un tercer argumento tiene que ver con que el marco que el propio conflicto abre para la articulación de sectores opositores al Gobierno. Como señalamos en columnas anteriores, Milei se ha convertido en el centro de gravedad del sistema político argentino, y como tal divide a la sociedad entre sus apoyos y sus detractores. Lo cierto es que mientras sus apoyos se encuentran articulados bajo su liderazgo y su gobierno, los opositores, luego de la sorpresa de la elección 2023, se encuentran fragmentados y desarticulados, hasta el momento carentes de figuras que los reúnan. La defensa de las universidades publicas pueden convertirse en el significante vacío articule un conjunto de demandas sectoriales que hoy no encuentran respuestas.

El tiempo dirá si la apuesta libertaria fue o no la correcta. Lo cierto es que, a diferencia del primer semestre, y mientras la recuperación económica no se termina de consumar, el Gobierno dejó de ser el único en posición ofensiva y comienza a sufrir algunos golpes y raspones. El conflicto con las universidades puede ser, en este marco, un punto de inflexión en el vínculo entre Milei y una sociedad que empieza a dar algunas señales de fatiga y cansancio ante el ajuste.