La moratoria se sumó al golpe letal al capital de trabajo y el ahorro de los argentinos

Albert Einstein se equivocó cuando dijo que “lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta . Sólo estuvo una vez en la Argentina, y sin duda no llegó a conocer en profundidad su sistema fiscal.

La “situación fiscal argentina es compleja , advertía el Jefe de Gabinete cuando se discutió el proyecto de la ley 27541. Seamos sinceros. No es compleja; está destinada al fracaso.

En los últimos meses, el Estado nacional se las ingenió para incluir en el régimen fiscal una batería de medidas -con fundamento en un primer momento, en la urgencia económica y solidaridad, y luego, en la emergencia provocada por el Covid-19 -, que se sirven todas del capital de trabajo y ahorros de los argentinos para financiar el gasto público.

El régimen de moratoria de la ley 27562, al que se suman el aumento de las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales, impulsar un impuesto a la riqueza, el aumento de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, entre otras ilustres medidas, ponen de manifiesto aquella intención.

Bajo la ley 27.562, el Estado nacional buscó acaparar “los bienes en el exterior de los argentinos : “los 72.000 millones de dólares, en fondos de inversión, en plazos fijos (decía el Senador Parrilli al debatir la ley).

Veamos. La intención de la ley 27.562 era ampliar la moratoria de la ley 27.541 “a todos los contribuyentes para paliar los efectos del Covid-19 , y “que todos logren salir adelante y la economía argentina vuelva a crecer . Esta intención de “incluir a todos se esfumó en la letra de la ley 27.562.

Según la norma, las personas físicas o jurídicas con activos en el exterior no podrán adherir al régimen si no repatrían el 30% de su valor. Y en el caso de las personas jurídicas, esa condición alcanza a los socios y accionistas que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social. Según la ley, son activos financieros situados en el exterior, la tenencia de moneda extranjera depositada, participaciones societarias; instrumentos financieros o títulos valores, bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, créditos y todo tipo de derecho del exterior.

De este modo, los sujetos con activos en el exterior deben elegir entre, adherir al régimen de moratoria para financiar sus deudas con el Fisco nacional, liquidando el 30% de esos activos en el exterior y repatriarlos, o conservar sus activos en el exterior, debiendo pagar sus deudas fiscales en un solo pago, para lo cual deberán destinar parte de su capital de trabajo argentino, quitándolo del escenario productivo.

Esta exigencia coloca a los sujetos con bienes en el exterior en una situación desigual respecto a los demás contribuyentes, violentando su derecho constitucional de igualdad. Y se aparta del objetivo de la ley: que la moratoria sea “lo más justa porque va a ser igual para todos (cfme. Jefe de Gabinete Antecedentes Parlamentarios de la Ley 27.652). También la obligación de repatriar bienes influye en la libre decisión de aquellos sujetos sobre sus bienes en el exterior, afectando su derecho constitucional de propiedad.

La exigencia de la repatriación no es una genialidad propia de la ley 27.562, sino que replicó lo establecido en la ley 27.541, que fijó una alícuota diferencial en el Impuesto sobre los Bienes Personales a los bienes ubicados en el exterior, quedando exceptuados los contribuyentes que repatrien el 5%.

La verdadera preocupación detrás de la exigencia de repatriación es la apropiación del capital de trabajo y la destrucción de la economía y la actividad que esa política fiscal provocará en el muy corto plazo.

La historia de nuestro país muestra que el aumento de la presión fiscal sobre el sector privado no impulsa la economía argentina, sino por el contrario, la condena a una muerte segura, y lo más triste, promueve el desempleo y la pobreza.

Para comprender el resultado negativo de esa política fiscal, basta con comparar la evolución de la presión tributaria sobre el PBI, con la evolución del índice de pobreza en la Argentina, donde se observa que por cada 1% que aumenta la presión fiscal sobre el PBI sube un 1% la pobreza.

Presión Fiscal s/PBI: 1974: 7%; 1989: 13,6%; 2002: 21,7%; 2010: 33%; 2019: 35%.

Evolución de pobreza: 1974: 4,7%; 1989: 16,5%; 2002: 24,7%; 2010: 32,9%; 2019 35,5%.

Una política fiscal centrada en desplumar al sector privado de sus activos y ahorros, que hoy necesitan más que nunca para promover la inversión, producción y empleo, tendrá efectos devastadores: desinversión, caída o parate en la producción y mayor desempleo, y por ende, más pobreza.

Apropiarse del capital de trabajo de las empresas argentinas que tengan en el país o en el exterior, en el muy corto plazo, provocará una destrucción sobre la economía sin precedentes y a una velocidad nunca vista y, peor aún, extinguirá la única fuente generadora de divisas que le queda al Estado Nacional, las empresas exportadoras y la inversión operativa de sociedades argentinas.

Albert Einstein decía, “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo . El Estado nacional debería oxigenar al sector privado, a través de regímenes de moratoria que incluyan “a todos los argentinos , no insistir en subir impuestos, y en definitiva, no destruir el capital de trabajo y ahorros argentinos.

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