Si analizamos las economías desarrolladas veremos que para que exista crecimiento y posibilidades de desarrollo económico es clave que confluyan ciertos factores. Los mismos normalmente son: instituciones fuertes, libertad de prensa, confianza en el sistema financiero, acceso a la información publica, educación y justicia. Cuando analizamos por separado cada uno de estos elementos, si bien todos son importantes, el mas relevante es el imperio de la ley. Entendiéndose por esto, la vigencia del estado de derecho y la percepción de la sociedad de que quien las hace, las paga mas allá de su posición social, política y económica. Existe una correlación muy marcada entre desarrollo económico, competitividad y la forma que cada sociedad tiende a hacer cumplir sus leyes.

En el último informe la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) se estima a nivel mundial que las organizaciones públicas y privadas pierden un 5% de sus ingresos en fraudes e irregularidades. Para ilustrar, señalemos que si se aplica ese porcentaje al Producto Bruto Mundial del año 2013 estimado en u$s 73,87 billones (millones de millones) los resultados de la pérdida proyectada potencial mundial sería de casi u$s 3,7 billones. Si este mismo análisis lo hacemos para la Argentina cerca de $ 147 mil millones se estarían perdiendo por año producto de actos ilícitos y de corrupción (publica y privada). Se trata de una suma enorme, dirigida a un gasto que no brinda ningún beneficio social ni apoya ningún negocio legitimo.

Si bien, la existencia de fraudes y la corrupción es prácticamente inevitable en la mayoría de las sociedades, la gran diferencia entre las mismas es la manera en como reacciona el sistema jurídico y las instituciones ante su existencia. Es allí donde se marca la línea divisoria, la existencia de premios y sobre todo castigos es lo que hace que los individuos, funcionarios y empresarios tengan menor propensión a cometer fraudes e irregularidades. Según encuestas, el 90% de las personas no cometerían actos ilícitos si existiesen posibilidades ciertas de que sean castigados por los mismos. Es por ello de vital importancia que exista un consenso en la sociedad respecto de qué sistema de normas la va a regir.

Existe una tendencia facilista y creciente en determinadas sociedades a creer que un plan económico adecuado, un ajuste fiscal o determinados incentivos pueden por si solos revertir una situación de crisis y perdida de competitividad. La mala noticia es que no existe posibilidad de desarrollo económico sustentable sino existe el imperio de la ley. La corrupción tanto en el ámbito público como privado sin un castigo justo y oportuno genera quiebres en los sistemas sociales. Estos quiebres se empiezan a trasladar a los mas diversos ámbitos generando caos y desorden que impiden el crecimiento de la actividad económica y generan un circulo vicioso de continua decadencia.

La situación nos plantea un desafío cultural profundo que va mucho mas allá de un gobierno de turno o un sistema judicial visto como un compartimento estanco. Se necesita una visión sistémica del problema y un consenso social amplio. Las crisis económicas son también crisis morales, las sociedades libres y que prosperan son las que hacen lo que deben y no las que hacen lo que quieren, ya que estas, terminan siendo esclavas de sus pasiones.