Jerarquizar el Estado para mejorar políticas públicas

El gasto público consolidado supera el 40% del PBI, se duplicó desde el regreso a la democracia, y numerosas voces plantean la necesidad de reducirlo. Sin embargo, el mayor desafío radica en reconfigurar el tamaño y las funciones del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos de calidad de una manera equitativa y eficaz.

En países desarrollados de diferentes latitudes tales como Estados Unidos, Alemania, Australia o Corea del Sur, el Estado opera como un agente promotor y catalizador del desarrollo. ¿Cuál es uno de los factores de éxito que comparten entre sí? Todos cuentan con burocracias profesionales basadas en el mérito y sistemas de promoción y desarrollo de los directivos públicos.

Muchos problemas de funcionamiento de la burocracia estatal argentina son propios del siglo XIX. Por ejemplo, no hay un segmento directivo profesional -denominado usualmente alta dirección pública (ADP)- basado en el mérito que desempeñe funciones de carácter estratégico y actúe como vaso comunicante entre las esferas políticas y las burocracias.

Estos directivos públicos definen el destino de miles de millones de pesos, ya sea para construir una ruta, planificar la creación de una nueva escuela o bien rediseñar la extensión de un calendario de vacunación.

Al tomar estas decisiones, asumen responsabilidades civiles y penales. Sin embargo, perciben ingresos que son, en promedio, 20% menores a los de sus pares del sector privado y al mismo tiempo sus designaciones en los cargos ejecutivos son mayoritariamente de carácter transitorio, es decir no cuentan con estabilidad en el cargo ni horizontes laborales de mediano o largo plazo.

En suma, el ecosistema de la gestión pública estatal es poco amigable para el desarrollo de la carrera de los directivos públicos profesionales, quienes precisamente conforman el centro neurálgico de la ADP.

Algunos datos muestran la magnitud de esta problemática. Desde el retorno a la democracia y en forma particularmente acentuada a partir de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta mayormente de forma discrecional, con designaciones transitorias por un lapso de 180 días en los cargos ejecutivos en la administración pública nacional centralizada.

El 93% de los directores nacionales y generales estaba designado transitoriamente y el 80%, exceptuado de los requisitos profesionales y presupuestarios para ejercer su cargo, según los últimos datos oficiales disponibles hacia fines del año pasado.

Así, las necesidades directivas se determinan solo en función de las prioridades de gestión de la autoridad política de turno, en muchos casos influenciadas por la coyuntura. Lo que era una situación de excepción, se convirtió en regla.

Este escenario tiene múltiples efectos negativos en el funcionamiento interno del Estado y, en consecuencia, en la forma en que se elaboran las políticas públicas y en la calidad de sus resultados.

De esta manera, los directivos públicos tienen poca autonomía frente al poder político y gremial de turno y se ven imposibilitados en desarrollar las capacidades requeridas para liderar aquellos procesos de gestión del cambio que resultan necesarios en entornos burocráticos complejos.

A su vez, dado que la designación es "transitoria", estos directivos tampoco cuentan con mecanismos de gestión asociados a premiar la mejora del desempeño: no abundan los estímulos económicos que reconocen el logro de resultados extraordinarios ni los incentivos simbólicos que jerarquicen el perfil reputacional.

Por otra parte, esta situación deteriora los procesos de gestión de los organismos del Estado nacional, impide trabajar con horizontes institucionales de largo plazo, reduce la seguridad jurídica y eleva la corrupción estatal.

El actual gobierno generó una agenda de trabajo en torno a una mayor profesionalización del empleo público. En particular, desarrolló herramientas para su planificación y colocó a la jerarquización del segmento directivo entre sus prioridades. Pero los avances son todavía limitados.

En Cippec promovemos la construcción de un segmento directivo profesionalizado dentro de la administración pública nacional central y descentralizada que tome en cuenta los lineamientos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, a la cual adhirió la Argentina en 2003.

Por eso, colaboramos en diseñar y promover, desde comienzos de este año, el "Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI" que ya cuenta con la adhesión de más de 600 académicos, funcionarios, autoridades, y de dirigentes políticos, empresarios, sindicales y sociales de diferentes orientaciones y de todo el país.

También proponemos un modelo directivo público mixto, conformado por integrantes seleccionados a través de procesos de carrera meritocráticos con estabilidad en el cargo (aggiornando la experiencia exitosa de los administradores gubernamentales).

Al mismo tiempo, impulsamos un sistema abierto de posiciones para las áreas más dinámicas del Estado, asociadas a la gestión de los sistemas de tecnologías de información y comunicación. Para llevar adelante una reforma deseable y posible, es imprescindible tener en cuenta:

1- Generar consensos políticos amplios que incluyan la participación activa de los partidos políticos, los sectores gremiales, empresariales y académicos.

2- Diseñar el ciclo gerencial del espacio directivo público en forma integral. Para eso, hay que mejorar el modelo de carrera (contemplando el mérito pero también cierta flexibilidad) y aggiornar los sistemas de concursos y los esquemas de remuneraciones.

3- Ponderar los componentes políticos de estos procesos de reforma. Esto implica contemplar cargos de confianza política y establecer cupos al aplicar esta reforma.

Finalmente, en pleno auge del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs), las administraciones públicas deben abordar un plan estratégico integral de transformación digital para adaptarse a las nuevas necesidades e intereses de los ciudadanos, los consumidores y las empresas del siglo XXI.

Para ello, el Estado argentino debe incorporar y retener a los mejores directivos públicos, porque un Estado que funciona bien constituye, a fin de cuentas, un horizonte conveniente para todos.

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