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Emisión, salarios y precios: ¿quién pagará los 'platos rotos' de la inflación?

La mesa de diálogo con empresarios y gremios, el encuentro al que convocó el Gobierno para avanzar la semana próxima en el intento por arribar a un acuerdo en torno a los precios y salarios, presenta un menú variado y conocido por todos los invitados. Inflación pasada y presente, proyecciones privadas y estimaciones oficiales, pérdida del poder adquisitivo, caída de ingresos, recesión, derrumbe del consumo, suba de la presión tributaria, trabas cambiarias y comerciales, falta de insumos, datos estadísticos y la cruda realidad de la calle, entre otros, son "platos" que se repiten desde hace tiempo con mayor o menor asiduidad, aunque la pandemia del coronavirus agrega en esta ocasión un condimento que ya provocó la indigestión de la mayoría de los comensales.

Para las empresas, porque incrementó costos en medio de una histórica caída del 10% que experimentó la actividad, lo que terminó con compañías endeudadas para sostenerse en pie, en particular pymes, y muchas otras directamente con las persianas bajas.

Para los trabajadores, porque según datos de consultoras privadas se perdieron más de un millón de puestos a lo largo de 2020, particularmente en el sector asalariado informal, pero también en el formal privado, donde se habrían dejado atrás cerca de 275.000 empleos pese a la prohibición de despidos y la doble indemnización dispuesta por el Gobierno. Mucha gente, inclusive, dejó de buscar trabajo.

Y para la Casa Rosada, porque además de asistir a provincias y atender la emergencia sanitaria, agregó a su abultado combo de subsidios el auxilio al pago de salarios privados para que la situación laboral no se agravara aún más.

Pero en una economía tan endeble, el fuerte incremento del gasto agravó el déficit fiscal y ante la necesidad de acomodar los números por la escasa capacidad de financiamiento externo, el Gobierno recortó la asistencia salarial aún cuando a la actividad y, en particular, al empleo les llevará varios años retomar su nivel prepandémico.

Con ese escenario agravado de fondo y la aceleración que experimentó la inflación en los últimos cuatro meses, la negociación salarial se presume tensa. Porque la idea de establecer un aumento que no supere el 29% de pauta inflacionaria proyectada por la administración nacional en el Presupuesto 2021 supone ceder posiciones en la mesa de diálogo, inclusive por parte del Gobierno a la hora de revisar su política para contener los precios.

Y es que el problema hoy es que ni gremios ni empresas confían en la estimación oficial que se muestra veinte puntos por debajo de las privadas, más aún teniendo en cuenta que por delante se presenta un año electoral, tiempo en el que habitualmente el gasto no suele retroceder y la emisión para sostenerlo puede avivar más la llama de la inflación. 

La puja distributiva es parte habitual de la agenda argentina pero se torna crítica cuando los recursos escasean.

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