Cambios en Ganancias y salario mínimo: cuál es la pata corta del plan electoral K
Luego de atravesar la crisis política derivada del resultado de los comicios primarios, el Gobierno decidió mostrar las cartas con las que pretende transitar el próximo bimestre, al menos hasta la celebración de las elecciones legislativas.
La premisa expuesta por el oficialismo es cambiar el humor social y en ese objetivo se centran tanto las medidas sanitarias como las económicas anunciadas en las últimas horas y las que se agregarán en los próximas jornadas.
Por ello se anticipó nueve días el anuncio del levantamiento de restricciones por el coronavirus a partir del mes próximo, con medidas tales como reducir el uso del barbijo, poner fin al cepo aéreo, habilitar la asistencia a estadios de fútbol y boliches, entre otras. Y esto aunque su aplicación en la Ciudad aún esté pendiente de una aprobación por parte de las autoridades porteñas, contrariamente a lo que sucede en el oficialista territorio bonaerense, donde el gobierno de Axel Kicillof le sumó, inclusive, la habilitación de clases presenciales en toda la provincia hasta los sábados.
Barbijo obligatorio en CABA: hasta cuándo se deberá usar
La búsqueda es clara, generar un impacto en el electorado que sufrió las consecuencias socioeconómicas del parate y los límites impuestos desde la Casa Rosada. Y para conseguirlo, el oficialismo considera esencial poner un peso más en el bolsillo de los argentinos, ya sea mediante el aumento de ingresos o la reducción de impuestos.
En ese rubro se inscribe el aumento del salario mínimo desde el mes próximo, que no solo apunta al segmento más bajo de los trabajadores formales sino que tiene efecto sobre una porción de la sociedad que no tiene empleo: los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los jubilados, debido al impacto que el incremento salarial tiene en la fórmula de actualización de ingresos de esos sectores, más allá del bono de $6000 previsto.
Y también se anota en esa estrategia la suba del mínimo no imponible de Ganancias. La primera decisión implica una suba del gasto. La segunda, una pérdida de ingresos fiscales, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, apuesta a recuperar con la recaudación por el incremento de la actividad y el consumo, aunque cuenta con la venia del Ejecutivo de incrementar el déficit fiscal para conseguirlo, a partir del reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y más allá del riesgo que eso representa para el acuerdo con el FMI a quien se comenzó a pagar ayer y para la economía misma.
Según un trabajo realizado por el Iaraf, el Gobierno deberá incrementar un 10,5% el gasto durante el último cuatrimestre para que el déficit fiscal se triplique hasta cumplir con el 4% presupuestado para 2021. Esto implicaría gastar en solo cuatro meses el 70% de lo erogado en los primeros dos tercios del año, con la presión extra de que tengan impacto antes de la elección, por lo que los tiempos, inclusive, se acortan a la mitad.
Con esa suma de dinero en la calle, la inflación volverá a estar en el centro de la escena y la presión sobre los formadores de precios crecerá. Porque aunque se intente frenar el ritmo de la devaluación, si la brecha crece y el poder adquisitivo cae, tener un peso más en el bolsillo puede tener un beneficio demasiado corto para las aspiraciones oficialistas.
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